MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones Defensa de la Sanidad Pública ha tachado este lunes de "irracional" e "injusta" la retirada de la financiación pública de 400 medicamentos, aprobado en el anterior Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto.
A su entender, esta medida se hace por motivo económicos para "ahorrar gasto público" y "no por criterios de racionalidad terapéutica" y ha recordado que muchos de los fármacos que van a ser retirados de la financiación tienen su "eficacia y utilidad terapéutica" suficientemente demostrada tanto para síntomas del dolor, estreñimiento, diarrea, como para los tratamientos de hepatitis C, insuficiencia renal crónica, rosácea, irradiación del cáncer o alergias oculares.
"Gran parte de estas enfermedades son de naturaleza crónica y afectan a personas mayores, que ya han sufrido la congelación de sus pensiones y que han perdido la gratuidad de sus medicamentos, traslado en ambulancias, prótesis o sillas de ruedas. Todo esto hace suponer que muchos enfermos van a tener serios problemas para adquirir unos medicamentos que necesitan para tratar problemas de salud importantes", ha recalcado la Federación.
En este sentido, ha recordado que la decisión de la prescripción de estos medicamentos son realizadas por los médicos del sistema público y no son decisiones personales de los pacientes. "Los pacientes son sufridores, no causantes del problema y el copago es especialmente injusto en esta situación de crisis económica", ha subrayado.
Dicho esto, ha denunciado que las decisiones que se están adoptando "no" son para acabar con la prescripción "inadecuada" de medicamentos y ha puesto como ejemplo el hecho de que "más de la mitad" de los antibióticos prescritos se consideran inadecuadas o, que el 90 por ciento de los medicamentos contra la osteoporosis se considera inadecuada.
"Por todo esto consideramos que la decisión de desfinanciar estos medicamentos es irracional, injusta y va a dificultar de manera importante el tratamiento de enfermedades graves e importantes que afectan a sectores de población más necesitados de atención y con menor capacidad económica que ya han sufrido grandes recortes en sus derechos sanitarios", ha concluido.
