MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)no se siente representada por los Foros de la Profesión Médica y de Enfermería, y, por tanto, se muestra en contra del reciente pacto firmado con el Ministerio de Sanidad.
Por ello ha puesto en marcha una campaña de adhesión en Change.org donde pide a los trabajadores y profesionales de la Sanidad que expresen si nos se ven "representados" su rechazo a dicho pacto, que "perjudica claramente al Sistema Público de Salud".
Para la FADSP dichos acuerdos están realizados por entidades no representativas, adoptados sin consultar a los implicados y que suponen un apoyo a la política de privatizaciones, recortes y deterioro de la Sanidad Pública del PP.
En su opinión, la verdadera finalidad de este pacto es crear microempresas dentro de los centros para competir entre si, en el marco legal de un mercado sanitario mixto (público y privado), financiado esencialmente con fondos públicos; y establecer alianzas y acuerdos con otras empresas del mismo o de diferentes centros sanitarios para desarrollar sus estrategias empresariales.
"Esto permite dar entrada al capital privado de empresas, a los laboratorios farmacéuticos, a las industrias de electro-medicina sanitaria, en la provisión y gestión de servicios sanitarios", explican.
Por otra parte, sostienen que entre las repercusiones de dicho acuerdo se puede encontrar el que el personal de las futuras Unidades de Gestión Clínica "no podrá mantener las garantías jurídicas y laborales que brinda el Estatuto Marco y deberá amparase en el derecho laboral para trabajar en las mismas"; asimismo, cree que se pretende la descentralización administrativa y funcional de los servicios sanitarios.
Al parecer, continua, la finalidad sería "fragmentar los centros sanitario públicos y crear unidades que integren recursos y profesionales de diferentes especialidades, disciplinas y niveles asistenciales, pero dando entrada al capital, empresas y profesionales del sector privado con el objetivo de generar beneficios económicos y facilitar la posibilidad de apropiárselos, a quienes participen en ellas y las gestionen".
Entre las consecuencias que prevé podría producirse, además del "desmantelamiento del sistema sanitario", destaca el "deterioro de los derechos de los profesionales", el "desmantelamiento del nivel de Atención Primaria"; un aumento de los costes del sistema sanitario y trabas de acceso a determinados servicios a los pacientes con patologías no rentables.
Además, abre las puertas a la privatización del sistema sanitario ya que "se le da la oportunidad a empresas privadas de intervenir e influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en las patologías más prevalentes".
Finalmente, advierte, "supone una gran oportunidad de negocio para el sector privado en el tratamiento de determinadas patologías: cáncer, enfermedades coronarias y respiratorias, etc., favoreciendo que la utilización de recursos diagnósticos de alta tecnología y de tratamientos de elevado coste".
