Defensa de la Sanidad Pública denuncia el "mercadeo" hospitalario y la pasividad de las CC.AA.

Actualizado 17/01/2011 12:34:45 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado este lunes el "mercadeo" que, en su opinión, se está produciendo en la red hospitalaria con la compra de la compañía sanitaria Capio, por parte de una multinacional de capital riesgo CVC Capital Partners.

Según critica, el resultado de esta operación será que los centros dependientes de CAPIO quedarán en manos de esta nueva compañía. Serán un total de 25 hospitales, varios de ellos en la Comunidad de Madrid, como la Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro y Móstoles 2 o el Hospital General de Cataluña (Barcelona), afirma.

"Los hospitales privatizados cambian de dueños sin mas control que el de los mercados", mantiene la federación, que recuerda que en los centros que tienen un acuerdo o una concesión con la administración pública se produce la entrada de una empresa distinta de la que realizó el acuerdo original, con la consiguiente "disolución de responsabilidades".

Para Defensa de la Sanidad Pública, con este proceso el ánimo de lucro y los aspectos económicos y de negocio "se sitúan por encima del derecho a una correcta asistencia sanitaria". A su juicio, con ello se prescinde de cualquier consideración sanitaria por parte de los grupos empresariales implicados y se ignoran las consecuencias que sobre la salud y la asistencia puedan tener estos movimientos.

"RÉGIMEN DE MONOPOLIO"

"Pero lo más grave es que a los ciudadanos y usuarios que son atendidos por estos centros sanitarios, en régimen de monopolio y concesión administrativa por parte de las comunidades, que son las que finalmente los sufragan con sus impuestos, con estos movimientos se les relega a un segundo plano, ignorando su derecho a la salud y a una correcta asistencia sanitaria", denuncia.

"Mientras tanto las comunidades autónomas miran hacia otro lado", señala la entidad, que les acusa de dejar de lado su obligación de control, "para garantizar que los movimientos económicos repercutan negativamente en la asistencia de los ciudadanos afectados".