MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha hecho un balance del Real-Decreto de medidas para garantizar el Sistema Nacional de Salud (SNS), que este miércoles cumple dos años de su publicación en el BOE, y entre sus conclusiones destaca un "incremento de las desigualdades" y el "deterioro de la calidad" sanitaria.
"El balance de los dos años pasados desde la aprobación del RD Ley 16/2012 es profundamente negativo. Ha empeorado el funcionamiento del sistema sanitario público, se han incrementado las desigualdades, se ha privatizado no solo la financiación (los copagos) sino también la provisión de una parte importante de nuestro sistema sanitario", afirma.
En cuanto a la eficiencia del sistema sanitario, destaca que "no ha mejorado, ha disminuido el gasto pero a costa de trasladar gasto público a los bolsillos de los enfermos, generando desigualdades, de disminuir las prestaciones en cantidad, y de deteriorar la calidad".
Asimismo observa que la retirada o no aplicación de algunas medidas como los anunciados copagos sobre transporte o los medicamentos dispensados en la farmacia hospitalaria, "son el efecto del amplio rechazo social que han producido las mismas" y, añade, "una evidencia mas de que las movilizaciones si son unitarias, masivas y sostenidas en el tiempo, consiguen resultados".
A su juicio, si el Ministerio de Sanidad y el Gobierno fueran autoridades responsables derogarían este RD Ley" ya que "solo ha producido problemas sin aportar soluciones, porque es evidente que no ha mejorado la calidad ni la seguridad de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud".
"Como es también una evidencia que carecen de responsabilidad y de interés por la salud de la población, solo queda el que se vean obligados a hacerlo ante la presión política, social y profesional", advierte.
Por otro lado, añade que el "cambio" de modelo que se ha producido tras el RD tienen una repercusión muy negativa sobre la salud del colectivo de inmigrantes no regularizados, "produciendo algunas muertes y muchos casos de desatención y empeoramiento de la salud de miembros de este colectivo".
En cuanto a las modificaciones en la cartera de servicios realizada por Sanidad, afirma que "tiene un impacto económico irrelevante y en cambio plantea serios problemas de discriminación por motivos ideológicos"; al igual que la medidas sobre la prestación farmacéutica, que "han trasladado gasto sanitario público a gasto privado (de los bolsillos de los pacientes) generando desigualdades y creando entre los pensionistas grupos significativos que no retiran los medicamentos prescritos con los resultados que tendrá sobre su salud".
Finalmente, recuerda que se ha producido un aumento de las listas de espera, tanto quirúrgicas como en consultas externas, pruebas diagnósticas y en citas en Atención Primaria; y, según señalan, la opinión de la ciudadanía sobre el SNS ha empeorado de manera que ha bajado la puntuación que le dan los ciudadanos y se ha incrementado el número de ciudadanos que piensa que ha empeorado la atención primaria, la atención especializada y las listas de espera (datos del Barómetro Sanitario de 2012).