MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El III Congreso de Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC), que ha reunido durante dos días en Santiago de Compostela a cerca de 300 profesionales sanitarios, instituciones y ONG nacionales e internacionales del ámbito de la cooperación, ha concluido con la 'Declaración de Santiago', en la que los profesionales médicos piden a los gobiernos desarrollar soluciones y medidas efectivas para acabar con la falta de acceso a los medicamentos esenciales, considerado un derecho universal de la humanidad.
La declaración, aprobada en el marco de este encuentro organizado por el Colegio Oficial de Médicos de A Coruña (COMC), la Fundación para la Cooperación Internacional de la OMC (FCOMCI), el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), refleja el compromiso de los profesionales por la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas en cualquier parte del mundo, así como la denuncia de desigualdades y graves consecuencias que conllevan para las personas la vulneración de estos derechos y, en concreto, el derecho a la salud.
Y es que, tal y como se ha puesto de manifiesto, este derecho viene desarrollado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios".
El acceso a los medicamentos esenciales está vinculado intrínsecamente al derecho a la salud, si bien cerca de 6 millones de personas fallecen todos los años por falta de acceso a medicamentos esenciales y unos 2.000 millones de personas no tienen acceso a estos fármacos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Después de 70 años de la constitución de la OMS, no se ha progresado en el objetivo global de la mejor salud posible para todos, debido a las crecientes desigualdades económicas y sus consecuencias: falta de condiciones básicas para una vida sana, falta de los profesionales de la salud, de medicamentos, equipos de prevención y tratamientos médicos.
Ante esto, los profesionales médicos han instado al Gobierno de España, a los gobiernos autonómicos y municipales, a designar el 0,7 por ciento de su presupuesto a la cooperación internacional, en cumplimiento de los compromisos de la Unión Europea. Al mismo tiempo, han subrayado la necesidad de que la comunidad internacional priorice la inversión en bienes públicos globales, en especial, medicamentos, productos y equipos médicos que deben ser producidos sin ánimo de lucro y subvencionados por la cooperación internacional para lograr que el acceso a medicamentos esenciales sea un derecho universal de la humanidad.
VOLUNTAD POLÍTICA PARA TOMAR MEDIDAS URGENTES
"Los Gobiernos deben de tener voluntad política y tomar medidas urgentes para que en cualquier lugar estos medicamentos estén disponibles en todo momento en cantidades suficientes, con garantías de seguridad, efectividad y calidad y a un precio asequible para todas las personas", han establecido los expertos en la declaración, donde también han subrayado la importancia de que las instituciones políticas y sociales potencien protocolos con soporte financiero y acciones logísticas para la distribución de los medicamentos esenciales en todos esos ámbitos.
A su juicio, el acceso a medicamentos y vacunas de calidad constituye también una prioridad para poner fin a la pobreza, las desigualdades y las vulneraciones de los derechos en contra de la dignidad humana. Asimismo, han destacado la urgencia de una legislación internacional que penalice el tráfico de medicamentos de baja calidad y falsificados, al tiempo que se impulse la creación de industrias locales que aseguren la producción de fármacos básicos de calidad, a precios accesibles y a todas las poblaciones.
Otro de los puntos destacados en la declaración es aquel en el que se solicita luchar con carácter universal y, sin distinción alguna, por la igualdad de los seres humanos, contra el sufrimiento y en defensa de la dignidad de la vida, mediante el acceso a los cuidados de salud y a los medicamentos necesarios para los mismos.
"Es necesario establecer protocolos y procedimientos que garanticen la seguridad en las acciones humanitarias desde la formación del personal y la acreditación de la titulación a través del certificado de idoneidad hasta las relaciones con los agentes locales en terreno. Y para que se respete el Derecho Internacional Humanitario, solicitamos a los Gobiernos incentivar, fomentar y financiar equipos de investigación y medidas jurídicas eficientes que permitan acabar con la lacra de la tortura", han recalcado.
La labor de instituciones, ONG, sanidad militar, colegios oficiales de médicos y otras profesiones sanitarias, secciones de cooperación de las sociedades científicas y comisiones sanitarias suponen, tal y como han recordado los expertos, un instrumento de cooperación "esencial" para fortalecer los sistemas nacionales de salud en los países en desarrollo. Por ello, han recomendado a las administraciones sanitarias, y a los gobiernos autónomos, que fomenten y faciliten las acciones de los profesionales sanitarios en nuestro país y se impliquen en el desarrollo y aplicación de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
Finalmente, en la 'Declaración de Santiago' los médicos han avisado de que la ayuda humanitaria "no es la única solución para paliar las grandes crisis humanitarias" y que se precisa de una acción internacional firme que ponga fin a estas situaciones. "La extrema importancia de que todos los colectivos profesionales sanitarios y no sanitarios dejemos latente nuestro compromiso y profesionalidad de servicio a los demás, de ayudar a los más vulnerables, con el propósito de equidad, de justicia social y del derecho a una mejor salud para todos", han zanjado.
