MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP ha planteado en una de sus 15 propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación un pacto de Estado sociosanitario entre instituciones, partidos políticos y agentes sociales, en materia de sanidad y servicios sociales; mientras que la oposición pide la reposición de una sanidad universal, así como de la puesta en marcha del sistema de Dependencia, tal y como establece su normativa.
Así, en esta misma propuesta de resolución los 'populares' piden seguir avanzando en la garantía de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una vez que se hayan adoptado todas las medidas para acabar con la deuda de 16.000 millones de euros.
Con ello, propone entre otros puntos: la receta electrónica en todo el territorio nacional; la promoción del uso seguro de medicamentos con un sistema unificado de registro y notificación de incidentes; el desarrollo de una política común en colaboración entre comunidades en materia de compra de productos sanitarios; seguir avanzando en la reducción del gasto farmacéutico a través de la racionalización de los precios de los medicamentos financiados para fomentar la innovación.
SANIDAD UNIVERSAL
El Grupo Socialista dedica por su parte una de sus propuestas de resolución a la Sanidad y el Consumo y, en ella, plantea que el Pleno de la Cámara Baja promueva una ley para recuperar y asegurar la universalización del derecho de asistencia sanitaria pública "haciendo posible que todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo la población inmigrante, sean titulares de los derechos a la protección de la salud".
Es más, pide que se paralicen los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en algunas comunidades autónomas, se derogue el conocido 'medicamentazo' y se aseguren las urgencias en horario de tardes y noches.
"Estas medidas necesitan ser impulsadas desde el Ministerio de Sanidad, con un potente liderazgo social y político del que carece la actual titular, Ana Mato. Es por ello que debe procederse a su renovación", sostiene el PSOE.
Desde CiU, se insta al Gobierno a restablecer el modelo sanitario público basado en el derecho a la ciudadanía para el acceso universal a la asistencia sanitaria primaria y de urgencias, a la vez que se permita racionalizar el gasto, evitando el llamado 'turismo sanitario'.
Por parte de IU, se pide a la Cámara Baja que respalde la derogación del decreto de reforma sanitaria y se recupere la salud como "derecho y no como un negocio", además de que se devuelva lo recaudado en el euro por receta, y se restablezca el problema de la teleasistencia domiciliaria.
Desde el BNG, se exige un acuerdo para traspasar a las autonomías los fondos que necesiten para incrementar el gasto en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales, como la dependencia, para poder garantizar el acceso universal y gratuito de los ciudadanos a todos ellos. Igualmente, plantea la supresión del decreto de reforma sanitaria, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que establece el copago farmacéutico.
DEPENDENCIA
En materia de Servicios Sociales, el PP sostiene que quiere seguir avanzando en la sostenibilidad del sistema de dependencia y desarrollar la legislación de protección a las personas con discapacidad con un nuevo marco legal para su promoción laboral, que garantiza a su vez su integración, así como establecer la igualdad entre hombres y mujeres como política "prioritaria y transversal".
En este sentido, el PSOE presenta dentro de sus propuestas de resolución el mantenimiento de la Ley de Dependencia, con la recuperación de la financiación por parte del Estado del Convenio especial con la seguridad social de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, así como un plan de fomento de empresas de economía social en el medio rural para el cuidado de dependientes y favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad mediante una nueva regulación legal del empleo.
El PNV, por su parte, pide al Ejecutivo que articule las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan recibir de la Administración General del Estado los fondos económicos que se puedan contemplar en el nivel acordado previsto en la Ley de Dependencia.
De hecho, aunque considera que la ley supuso "un hito", la realidad es a su juicio "decepcionante" porque el Gobierno ha emprendido recortes en las prestaciones, ampliando los plazos de ejercicio de derechos, retrasos en el cobro de muchas organizaciones prestadores de servicios.
Desde ERC, se propone que se consolide el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de protección social, contando con los recursos adecuados y rectificar mediante decreto ley las medidas "más lesivas" aplicadas a la Ley de Dependencia.
UNA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
En materia de pobreza, desde el PP quieren solicitar al Gobierno que siente las bases de un modelo innovador de protección social de forma "transversal y multidisciplinar" que incluya como reto prioritario la reducción de la pobreza, con especial atención a la infancia más vulnerable, a través del Plan de Acción para la inclusión social 2013-2016, así como el Plan estratégico de infancia y adolescencia 2013-2016.
Por parte de IU, una de sus propuestas de resolución consiste en instar al Pleno del Congreso a aprobar, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan estatal de emergencia contra la pobreza y la exclusión social 2014-2020, así como dotar a las entidades locales de los medios suficientes para proporcionar becas de comedor escolar a las familias sin recursos suficientes.
CiU propone, por su parte, priorizar la lucha contra esta lacra, en especial en los niños, con la creación de dos fondos extraordinarios al objeto de apoyar con recursos económicos las políticas que llevan a cabo las comunidades autónomas en materia de prevención y erradicación de la exclusión social y atención a las personas sin hogar, por un lado, y de la pobreza infantil por otro.
Asimismo, ERC quiere que el Congreso declare la lucha contra la pobreza como "prioridad absoluta" en la agenda política, de igual forma que constate la necesidad urgente de crear una 'renta garantizada de ciudadanía', que permita garantizar una vida "digna" a los ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza.
A su vez, el PSOE recupera una de sus propuestas de enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2013 de cara a pedir la adopción de manera urgente una serie de medidas de lucha contra la pobreza, a través de la creación de un fondo estatal de emergencia para las familias y personas en situación de pobreza dotado con mil millones de euros.
Todas estas iniciativas serán debatidas y votadas en el Pleno del Congreso del próximo martes.
