VALENCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Sanidad, Vicente Rambla, presentó hoy en el pleno del Gobierno valenciano el denominado 'Decreto de Aseguramiento', que tiene como principales objetivos, según explicó en una rueda de prensa posterior, que el sistema público sanitario valenciano "no sea vulnerable al turismo sanitario y evitar el uso fraudulento de la tarjeta sanitaria". La propuesta tiene que pasar por el trámite del Consejo Jurídico Consultivo para después volver al Gobierno.
Rambla precisó que esta medida "no cambia absolutamente en nada la situación de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", a quienes, según recalcó, "seguiremos ofreciendo la misma sanidad pública y gratuita", al igual que a los colectivos que, por "criterios de solidaridad, así se establezca", si bien el resto de personas "recibirán una sanidad universal pero facturable o compensable". Añadió que los presupuestos "están previstos para atender a los ciudadanos que residen en la Comunidad".
El conseller, que compareció ante los periodistas tras la reunión del pleno del Consell, indicó que los ciudadanos incluidos en el sistema de información poblacional (SIP) de la Comunidad Valenciana, a 31 de diciembre de 2005, son más de 4,9 millones, de los que más del 90 por ciento tendrán garantizado su acceso a la sanidad pública y gratuita, como viene ocurriendo hasta ahora.
Así, forman parte de este grupo 3,9 millones de personas --el 78,94 por ciento-- que están empadronados en la Comunidad y cotizan a la seguridad social, así como las 617.515 personas --un 12,46 por ciento-- que tienen derecho "por criterios de solidaridad" del Gobierno valenciano.
En este último grupo, según explicó Rambla, se encuentran las personas incluidas en situaciones de prórroga de asistencia --ciudadanos en paro empadronados en la Comunidad--, extensión a demanda --"los que acreditan su residencia habitual y efectiva, tienen recursos pero no han cotizado nunca a la Seguridad Social"--, mujeres sin derecho a asistencia sanitaria "por diversos orígenes" pero que se encuentran embarazadas, colectivos protegidos y aquellos que poseen tarjeta solidaria.
Por su parte, las personas procedentes de otra comunidad autónoma o país --que representan 121.676, un 2,46 por ciento del total-- recibirán asistencia sanitaria con la exigencia de una posterior facturación o compensación. Dentro de este grupo de excluidos también se encuentran los no asegurados y los que optan por el mutualismo administrativo privado --304.156, un 6,14 por ciento--, a quienes se les facturará por la asistencia sanitaria "como hasta ahora se venía haciendo".
Rambla cifró en 125 millones el gasto que supone para la Generalitat la asistencia sanitaria a desplazados nacionales. Por la atención a extranjeros el coste es de 80 millones, de los que la Comunidad recibe como compensación 4 millones de euros y factura a los países de origen 22 millones. Apuntó que hay "una parte importante" de esta cuantía que hasta ahora no se podía recuperar al no disponer de los recursos técnicos para hacerlo.
En este sentido, indicó que el nuevo sistema introduce un procedimiento de acreditación y gestión que, a través de los programas Compas y Abucasis II, permitirá a los centros tener constancia de los datos de las personas desplazadas, antes de ser atendidas, para luego proceder a la facturación o compensación por los costes ocasionados.
PENSIONISTAS EXTRANJEROS
Además, el coste estimado para las arcas públicas valencianas de la atención a inmigrantes sin recursos --un total de 37.000-- es de 32 millones de euros y de 71,3 millones por parte de pensionistas extranjeros beneficiarios del sistema --que ascienden a 29.500--, de los que el Estado recibe anualmente por cada uno de ellos 2.400 euros, cantidad que se queda "en las arcas de la Seguridad Social", señaló Rambla.
El conseller destacó que el decreto busca "garantizar el acceso universal de la población valenciana a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva y calidad" y "contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema".
Recalcó que la situación sanitaria de los ciudadanos de la Comunidad "no va a cambiar absolutamente en nada" y la de las personas que vienen de fuera, "en teoría, tampoco porque van a ser atendidas con normalidad, sólo que nosotros tendremos constancia de esa persona y procederemos a la facturación o a la compensación". Recalcó que se trata de una "cuestión de gestión económica y administrativa que creemos necesaria", pero sin incidencia en la atención sanitaria.
También justificó la necesidad de la medida para "dar rango normativo suficiente al conjunto de órdenes e instrucciones que se han ido dictando a lo largo de los últimos años, a la vista de las nuevas situaciones derivadas del entorno social y demográfico".
Además, el decreto permitirá cuantificar el número de usuarios de la sanidad pública valenciana y definirá las prestaciones sanitarias a las que tienen derecho. Rambla recalcó que la valoración de los costes "es necesaria para su facturación, compensación o reclamación".
El titular de Sanidad defendió que el Fondo de Cohesión "debe cubrir los costes de ciudadanos de otras comunidades autónomas" y agregó que, en estos momentos, "estamos en ese proceso de discusión". Apuntó que la Comunidad Valenciana es la única autonomía "en disposición de conocer cuál es el coste en el que incurrimos en la atención a los ciudadanos".
Destacó que de toda la facturación que España realiza al resto de la UE por la atención de ciudadanos de otros países, un 50 por ciento pertenece a la Comunidad. Afirmó que dentro de "poco tiempo", el resto de comunidades autónomas "se irá sumando a determinar también" los costes, a lo que añadió que la compensación por los gastos se podrá realizar a través del Fondo de Cohesión o, "en el peor de los casos", de una facturación entre las propias autonomías.
