FEFE pide retirar el decreto del Consell de prestación farmacéutica por considerarlo "inconstitucional"

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EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 8 marzo 2013 10:26

Consejería de Sanidad defiende que la norma es "válida" y que generará "importantes ahorros sin repercutir en el paciente"


VALENCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios de Farmacia Españoles ha pedido a la Generalitat valenciana que retire el decreto ley en materia de prestación farmacéutica y ortoprotésica por considerar que es "inconstitucional"

En un comunicado, la organización califica de "sorprendente" que la Comunidad utilice la vía del decreto ley para "contravenir las normas estatales referentes a la prestación farmacéutica, hurtando a los sectores la capacidad democrática de participación en el desarrollo de la norma".

"Se trata de un ámbito donde no está justificado el carácter de urgencia, puesto que el Gobierno central ya tomó medidas de ahorro que afectan a la prestación farmacéutica, como copago, desfinanciación, revisión mensual de los precios y precios de referencia".

FEFE anuncia que se está elaborando los pertinentes informes jurídicos, que se harán llegar al Gobierno y a todos los partidos políticos para "poner de manifiesto las ilegalidades en que incurre este decreto, que tendrá una repercusión nefasta e irreversible en la calidad de la prestación farmacéutica que van a sufrir los ciudadanos valencianos y que genera nuevamente desigualdades entre las diferentes comunidades autónomas en el acceso a la salud".

La Federación de Empresarios de Farmacia Españoles confía en que la Comunitat reconsidere esta norma y, por tanto, lo retire. De no ser así, espera que el Gobierno central --dentro de sus competencias-- convoque a la comisión mixta para que la Comunitat Valenciana rectifique y se ajuste a su marco competencial.

ACUDIR AL TC

Si en este punto, dicha comisión no solventase los problemas de inconstitucionalidad, FEFE solicitará al Gobierno central -como en otras ocasiones- elevar el decreto ley al Tribunal Constitucional, advierte.

Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana ha defendido, en declaraciones a Europa Press, la normativa, ya que considera que es "válida, que puede generar importantes ahorros (300 millones de euros) sin repercutir en el paciente".