ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Enfermería de Alicante ha solicitado al Gobierno la modificación del decreto que limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados en el país, y ha considerado que la citada norma "colisiona de lleno con los principios éticos y deontológicos" de la profesión enfermera, según ha informado en un comunicado la entidad colegial.
En este sentido, el colegio alicantino ha elaborado un análisis de las repercusiones que a su juicio va a tener la entrada en vigor, el próximo 1 de septiembre, del Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y que va a suponer que se deje de ofrecer atención sanitaria con carácter universal y gratuito en España a los inmigrantes no regularizados.
Así, la institución ha pedido al Gobierno, "por los motivos y consecuencias" que recoge dicho estudio, la modificación de la referida normativa con el fin de que no exista "discriminación por cuestiones administrativas", ya que la entidad colegial ha considerado que el derecho a la protección a la salud es un derecho social reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 43 de la Constitución Española.
Igualmente, ha recordado que el artículo 4 del Código de Ética y Deontología de la Comunitat Valenciana indica que "la enfermera se debe ante todo a la persona que precisa sus cuidados". "Tratará con la misma diligencia y respeto a todas las personas sin distinción de raza, sexo, edad, religión, nacionalidad, opinión política, condición social o estado de salud", ha señalado.
El Colegio de Enfermería de Alicante ha apuntado que la actual situación de crisis económica "es muy grave", a lo que ha añadido que "resulta necesario establecer medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema sanitario público". "Ahora bien, considerando que el principio de justicia obliga al reparto equitativo de los recursos y a no perjudicar desproporcionadamente a los colectivos más desfavorecidos o vulnerables", según ha agregado.
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
De este modo, y con el objetivo de "evitar la situación de conflictividad o de dilema ético" que pudiera suponer para alguna enfermera la "obligación" de cumplir la citada norma, o "si entiende que existe colisión entre la obligación deontológica de prestar asistencia a los pacientes y la imposibilidad de atenderlos por estar excluidos del sistema nacional de salud", el informe elaborado por el colegio alicantino apunta que "queda abierta" la posibilidad de acudir a la figura de la objeción de conciencia, recogida en los artículos 22 y 23 del Código Ético y Deontológico de la Enfermería de la Comunitat, y en el artículo 22 del Código Deontológico de la Enfermería Española.
En caso de optar por esta medida, los profesionales que lo precisaran deberían comunicarlo por escrito a la dirección del centro sanitario y a su colegio profesional. No obstante, la entidad colegial ha recalcado que el Real Decreto-Ley es de obligatoria observancia para todos los ciudadanos, y particularmente para los empleados públicos, y, por lo tanto, para las enfermeras que prestan sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, por lo que su no cumplimiento puede acarrear sanciones disciplinarias, entre otras medidas.
"EXCLUSIÓN"
"Desde el Colegio de Enfermería de Alicante no se comparte el contenido de esta norma legal, al considerar que parte del mismo contradice claramente los principios éticos y deontológicos de nuestra profesión, especialmente la medida de excluir a determinados colectivos de recibir asistencia sanitaria pública y gratuita, a pesar de lo cual, como entidad de derecho público no puede instar a la desobediencia legal de sus colegiados. Para solventar cualquier tipo de duda al respecto los servicios jurídicos del Colegio se ponen a disposición de las enfermeras alicantinas", ha resaltado la institución.
Además, ha alertado de que esta "exclusión" de una parte de la población del derecho a la protección de la salud puede generar "importantes problemas" de salud pública, entre los que ha citado riesgos de contagio de enfermedades infecciosas o de conductas agresivas en los casos de enfermedades mentales, así como la saturación de los servicios de urgencias.
