ALICANTE 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CCOO en el País Valencià, Paco Molina, ha solicitado al Síndic de Greuges, José Cholbi, que tramite una iniciativa contra la decisión de la Conselleria de Sanidad de limitar el acceso de la población inmigrante sin residencia legal al sistema sanitario público valenciano a partir del próximo mes de septiembre.
Paco Molina y la secretaria comarcal de CCOO, Consuelo Navarro, han presentado por registro una queja formal contra esta iniciativa de Sanidad, que, según ha calculado, afectará a alrededor de 132.000 personas extranjeras en la Comunitat Valenciana, --60.000 de ellas en la provincia de Alicante-- que trabajan sin derechos en la llamada "economía sumergida", a las que "ahora se les quiere apartar del derecho universal al control sanitario".
Durante su visita a la sede del Síndic, Molina y Navarro además han sido recibidos por José Cholbi, con el que han mantenido un encuentro en el que también han participado los adjuntos primero y segundo de Cholbi, Emilia Caballero y Carlos Morenilla, respectivamente.
El Síndic les ha recordado que en la reunión mantenida esta semana en Zaragoza por los defensores de toda España, se acordó precisamente solicitar a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que presente un recurso de anticonstitucionalidad contra la aplicación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Paco Molina ha remarcado que la norma cuenta con el "rechazo de buena parte del tejido social y del propio sector sanitario", y se ha mostrado convencido de que "no va a suponer ahorro económico alguno sino que, por el contrario, puede generar problemas de salud pública y sobrecarga de los servicios médicos de urgencia".
"POLÍTICA INACEPTABLE"
"Resulta inaceptable en términos de política de salud pública, mantener al margen de la atención sanitaria a un colectivo que debe tener acceso a medidas de prevención y en su caso, tratamiento y curación, y no solamente a las urgencias por enfermedad, accidente o a la asistencia al embarazo, parto y postparto, lo que, al final puede conllevar más costes y problemas para el conjunto del sistema sanitario".
Por todo ello, CCOO ha solicitado al Síndic que intermedia ante el Consell para detener este decreto, que no se ajusta a la legalidad, ya que va a generar indefensión en colectivos sociales".
Además, ha pedido la colaboración de la institución valenciana para que recomiende a la Generalitat que "siga los pasos anunciados por el País Vasco, Andalucía, Cataluña y Asturias de seguir atendiendo al colectivo de inmigrantes "sin papeles".
