"La lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública", argumenta
PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el Decreto que regula los requisitos de catalán para el personal estatutario del Servicio de Salud autonómico (IbSalut).
Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, consideran que el decreto "supone una discriminación para aquellos que no acrediten el nivel exigido, bloqueando de manera ilegal su derecho a la carrera profesional y a la movilidad voluntaria".
Por tanto, CSIF entiende que el decreto vulnera el ordenamiento jurídico, desde principios básicos de la Constitución, la Ley de función pública, el Estatuto Marco del personal estatutario, y el Estatuto Básico del Empleado Público.
"La lengua debe ser un mérito que sume pero que en ningún caso reste valor a la calidad asistencial de la sanidad pública y suponga una rémora a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad", ha argumentado el sindicato.
En su escrito al TSJIB, el CSIF aclara que "la nulidad que se persigue nada tiene que ver con la protección y el desarrollo de la lengua catalana", sino que "desde la óptica esencialmente sindical" se fundamenta "en una deficiente técnica legislativa por un lado y lo que es mas grave, en una sonora vulneración de los derechos de los trabajadores al servicio de la administración".
El sindicato de funcionarios también critica que el reglamento es "extraordinariamente inconcreto y desde luego arbitrario" en varios de sus artículos, "o cuando menos propiciador de la arbitrariedad pudiendo utilizarse la exención del conocimiento del idioma del catalán al antojo de quien decide".
Además, en su recurso el CSIF hace suyos los argumentos que expuso el miembro del Consell Consultiu José Argüelles en su voto particular al dictamen que dio cobertura al decreto ahora impugnado.
