MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha enviado este martes una carta al Ministerio de Sanidad, como máxima autoridad en la gestión de la pandemia por el coronavirus, para que garantice la salud de los trabajadores, la seguridad jurídica y las modalidades de trabajo no presencial (teletrabajo, telefónico, etc) en el conjunto de las Administraciones.
Tal y como ha podido constatar CSIF, los criterios de aplicación de la resolución ministerial de Función Pública del 12 de marzo y del decreto de Alarma, "se están aplicando de manera dispar en las diferentes administraciones".
Esta situación, consideran, "genera, por un lado, inseguridad jurídica para el conjunto de los empleados públicos y, por otro, un trato diferencial según en qué administración y ámbito territorial trabajen", sin tener en cuenta, prosigue, "que las medidas que deben implementarse ante esta emergencia de salud pública deben priorizar la protección de la salud de los trabajadores".
Por todo ello, reclaman que se garantice la especial protección de la salud de los empleados públicos que prestan sus servicios en el sistema nacional de salud, el personal sociosanitario y aquellos que por su actividad profesional están más expuestos al posible contagio del Covid-19 y se habiliten, para todos ellos, medidas específicas de conciliación familiar.
Al mismo tiempo, que se remitan instrucciones a las distintas Consejerías de Educación para que los docentes y equipos directivos mantengan la actividad educativa a través de la modalidad no presencial en el centro educativo.
"Que se suspenda, con carácter general, en las distintas administraciones la atención al público mientras dure el estado de alarma, estableciendo modalidades no presenciales de trabajo", es otra de las peticiones.
Asimismo, que se supriman en la Administración de Justicia la relación de servicios mínimos presenciales sustituyéndose por modalidades de trabajo en régimen de disponibilidad y localización salvo los servicios de guardia.
En el caso de las Administraciones que deban permanecer abiertas y en contacto con el público, solicitan que "se incluya a sus trabajadores dentro del escenario de exposición de riesgo a todos los EEPP que tengan contacto directo con el público". Y, por ello, deberán aplicarse rigurosamente las medidas de distanciamiento de 2 metros de distancia, las medidas de protección colectiva que sean necesarias (como por ejemplo mamparas), máximas medidas de higiene, proporcionando hidrogel en los puestos de atención al público y dotarse de equipos de protección individual.
Que se den instrucciones a las distintas administraciones públicas para que intensifiquen la desinfección y limpieza; que la permanencia en el domicilio de todos los empleados públicos tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo; y que aquellos empleados públicos que tengan a su cargo menores o mayores dependientes y se vean afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, puedan permanecer en su domicilio.
Y, finalmente, "que se establezca que en el ámbito de los servicios sociales en centros residenciales de mayores, menores y discapacitados físicos psíquicos o sensoriales, se doten de infraestructuras para el aislamiento de los usuarios afectados por el Covid-19, así como la dotación de EPIS a los profesionales de atención directa a los mismos".
ALGUNOS EJEMPLO DE LA SITUACIÓN
Según han explicado en un comunicado, actualmente se encuentra cerrada la atención al público en varios Ministerios, mientras que en la Administración de Justicia se han establecido unos servicios mínimos, "como si de una huelga se tratase, sin tener en cuenta la suspensión de los plazos procesales acordados".
Por otra parte, desde el sindicato se han encontrado Ayuntamientos que han dictado instrucciones en el sentido de que los trabajadores que se ausenten de su puesto de trabajo deberán justificarlo como vacaciones o días de libre disposición.
Por último, las consejerías de Educación utilizan criterios distintos a la hora de que el profesorado realice su actividad educativa 'on line'. "Mientras unas respetan que los docentes hagan toda la labor en su domicilio, otras obligan a mantener el centro abierto con el equipo directivo y docentes, sin ninguna necesidad justificada. Esto también sucede en centros gestionados directamente por el Ministerio de Educación", explican.
