MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha defendido la profesionalidad del personal de la sanidad durante la crisis del COVID-19 y ha subrayado que, de acuerdo al Código Deontológico Médico, se han limitado a atender a los enfermos lo mejor que han podido con los medios que tenían a su alcance, sin que se les pueda atribuir responsabilidades por decisiones de carácter político.
En este sentido, CSIF defiende que los profesionales han actuado en todo momento de acuerdo con el artículo 6.2 del citado código. "El médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia, salvo que fuese obligado a hacerlo por la autoridad competente o exista un riesgo vital inminente e inevitable para su persona. Se presentará voluntariamente a colaborar en las tareas de auxilio sanitario", señala el artículo.
Sobre las informaciones que señalan que el sistema de salud madrileño se preparó para excluir a personas mayores contagiadas por COVID-19, CSIF considera que "es de justicia descargar de cualquier culpa al sanitario sobre estas instrucciones, en el caso de que sean ciertas". "El profesional de la sanidad se limita a seguir las instrucciones de sus superiores y no tiene responsabilidades sobre decisiones que superan sus competencias, como la de decidir a qué tipo de paciente se le ingresa en un hospital y a cuál no", ha añadido.
Así, han advertido de que, "si estas instrucciones existieron, la responsabilidad es de quien las dictó, es decir, de los representantes políticos". No obstante, desde CSIF entienden que si la decisión que adoptaron los responsables políticos, como indican algunas informaciones, fue la de descartar los ingresos hospitalarios de pacientes de mayor edad, el gran error que se cometió durante esta crisis fue no medicalizar las residencias de mayores.
CSIF reclama que el futuro plan de reconstrucción contemple la necesidad de reforzar las plantillas en todos los ámbitos (primaria y especializada) y un incremento de la financiación que devuelva a la sanidad pública los niveles de calidad que la situaban entre los mejores sistemas del mundo y que, tras años de recortes, se ha visto mermada.
Y considera que "los tribunales serán los encargados de determinar las responsabilidades políticas por esta mala gestión, tanto por decisiones de triaje cuestionables dictadas por los poderes políticos, como por una alarmante carencia de medios de prevención que provocó una alta tasa de contagios entre los profesionales de la sanidad".
