MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
España prescindió de 37.400 puestos de trabajo en la rama de actividad de la sanidad y residencias durante el primer trimestre del año, coincidiendo con el brote y expansión del Covid-19, según datos de la Encuesta de Población Activa, extraídos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
Se trata de unos datos que, a juicio de la organización, deben hacer "reflexionar" porque, en "gran parte", explican las "debilidades" del sistema a la hora de enfrentarse a la pandemia del coronavirus, el "colapso" en la sanidad y los acontecimientos que se han producido en las residencias de ancianos, tanto de gestión pública, concertada como privada.
"Se da la circunstancia también, según la EPA, que nuestras administraciones públicas registran una tasa de temporalidad del 27,4 por ciento (3 puntos por encima del sector privado), lo que refleja la precariedad de un ámbito fundamental en la gestión de las prestaciones y servicios que reciben nuestros ciudadanos y por tanto su vulnerabilidad ante situaciones de crisis como la que afrontamos estos días", ha detallado CSIF.
Asimismo, ha lamentado las cifras de paro globales conocidas hoy y la situación de necesidad y de incertidumbre que afrontan miles de familias españolas. "De aquí en adelante, debemos de priorizar la protección social, repensar nuestro sistema productivo, fortalecer nuestra industria y volver a crear empleo de calidad y cualificado. Por su parte, el sistema financiero debe ser solidario y apoyar a trabajadores y empresas, tras la generosidad que demostró la sociedad española en la anterior crisis económica y en estos momentos de zozobra", ha añadido.
Dicho esto, la organización sindical ha reiterado su colaboración al Gobierno, partidos y comunidades autónomas para empezar a diseñar un plan de reconstrucción social y económico. A su juicio, el estado de alerta y la posterior reconstrucción deberán ir acompañados de un plan estratégico de empleo.
"Planteamos analizar los recursos humanos de las administraciones públicas, para que puedan responder a las necesidades de los ciudadanos en este nuevo contexto económico. Se trata en definitiva de ofrecer un servicio de calidad a nuestros ciudadanos: Sanidad, Servicios Sociales, Administración General del Estado, Educación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque como no nos hemos cansado de denunciar estos años, se ha desmantelado el Estado del Bienestar", ha apostillado.
Finalmente, CSIF ha señalado que este plan debería ir incluido en unos presupuestos generales del Estado que cuente con el apoyo de todas las fuerzas políticas. "Nuestros empleados públicos están demostrando que son garantes de nuestro Estado de Bienestar y se merecen todo el reconocimiento y la protección de su salud", ha zanjado.
