CSI-F reclama a Hacienda una prórroga para que los funcionarios decidan si siguen en Muface o pasan a la Seguridad Social
MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) se ha reunido con el Grupo Parlamentario Socialista para trasladarles su preocupación por el millón y medio de funcionarios cuyo servicio sanitario depende de Muface y para estudiar el alcance del "ahogo financiero" del mismo por parte del Gobierno.
En declaraciones a los medios tras la reunión, el secretario de Acción Sindical de CSI-F, Eliseo Moreno, ha señalado que con el nuevo concierto "ha habido una importante desconcertación" de hospitales en Madrid y Barcelona, además de en ciudades como Ponferrada, motivo por el que desde el sindicato están "muy preocupados" ya que genera situaciones de "desatención sanitaria" para los beneficiarios de la mutua.
Según explican, la contención del gasto que ha realizado el Ministerio de Hacienda a esta mutualidad ha propiciado que las aseguradoras privadas con las que tiene concierto recorten sus cuadros médicos y servicios sanitarios.
Tras la reunión, desde CSI-F aseguran que el PSOE se ha comprometido a llevar el problema al pleno del Congreso y a "obligar al Gobierno a tener un debate para que explique cuál es la situación y porqué el Gobierno ha mantenido esta desatención sabiendo que desde que se firmó el nuevo concierto se sabía que la financiación era insuficiente".
Tal y como aclaran desde el sindicato, esta situación ha motivado que el propio Ministerio de Hacienda haya redactado una instrucción interna para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes con enfermedades más graves. Aunque matizan que, según se desprende de esta instrucción, los afectados tendrán que cambiar de hospital en un plazo de 6 meses (un año en el caso de los pacientes con cáncer o enfermedades psiquiátricas).
Además, desde CSI-F recalcan que la instrucción no tiene en cuenta que estos enfermos, a pesar de tener garantizado el tratamiento por el periodo indicado, pueden tener muchos inconvenientes con la prestación de pruebas complementarias necesarias que no estarán cubiertas en los centros hospitalarios donde reciban dichos tratamientos en el periodo indicado.
Por este motivo, Moreno ha subrayado que este mismo martes han mandado una carta al director general de Muface para que informe oficialmente de los cambios que ha habido en la oferta hospitalaria de las tres compañías que han firmado el concierto.
Asimismo, le solicitan que amplíe la información al mutualista ante los cambios y que se amplíe el plazo voluntario de cambio hasta el 20 de febrero de 2015 porque entienden que "hasta ahora no han recibido información adecuada para poder decidir con total libertad".
PRESUPUESTO "DESCIENDE"
Por otro lado, Moreno ha subrayado que el presupuesto, lejos de crecer, desciende porque la aportación del Ministerio de Hacienda "se ha reducido en los últimos cuatro años en 120 millones de euros". Para CSI-F esto viene derivado de la intención del Gobierno popular de "ahogar financieramente" a la mutualidad para que los funcionarios huyan y se acojan a la Seguridad Social.
"Pero por el camino producen muchísimos problema, muchísimo dolor y mucha incertidumbre a todos los que tienen la mala suerte de estar enfermos en este periodo", ha apostillado.
Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, ha resaltado que están con los funcionarios y con sus familias en la preocupación por el "incumplimiento de la responsabilidad que tiene el Gobierno de resolver los problemas de salud de estas personas y de garantizar sus derechos".
"En Muface hay personas que reciben asistencia sanitaria mediante esa fórmula, y el Gobierno tiene que garantizar la atención sanitaria que hoy no se produce; el Gobierno ha estrangulado la financiación del Muface y Montoro ha desatendido la obligación de cuidar de que la provisión cumpla con la normativa", ha insistido.
En este sentido, la secretaria de Administraciones Públicas del Partido Socialista, Susana Sumelzo, ha recordado que lo que se produce es un recorte en los derechos sanitarios de un millón y medio de personas, por lo que exigirán a Montoro que dé una explicación de lo que ocurre y cómo lo va a solucionar.
Por este motivo, han solicitado ya la comparecencia del ministro de Hacienda, y ahora, cuando hay periodo extraordinario, se verá en Diputación Permanente.
