MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha acusado al Gobierno de haber dado por concluido "de manera unilateral" y "de forma sorpresiva" el concierto que mantenían con las aseguradoras sanitarias que participan en los modelos Muface, Mugeju e Isfas, una decisión que puede dar lugar "nuevos recortes en las prestaciones sanitarias de los funcionarios" y "comprometer a medio plazo el futuro de la mutualidad".
Fuentes próximas a Muface han informado este jueves a Europa Press de que la mutualidad ha iniciado las gestiones para la aprobación de un nuevo concierto de asistencia sanitaria a partir de 2014 para sus mutualistas y beneficiarios.
Sin embargo, desde CSI-F consideran que esta decisión supone la ruptura "unilateral" de un concierto cuyo expediente de prórroga hasta el próximo año se estaba ya tramitando por parte del Estado con las entidades de seguro.
De hecho, el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, confirmó al sindicato dicha prórroga a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en el que además garantizaba que el incremento anual de la prima no sería "inferior al 1,5 por ciento".
Este compromiso daba "seguridad al mantenimiento del modelo", según CSI-F, que ahora teme que la ruptura del convenio suponga la redacción de uno nuevo donde se congele la prima actual.
"Esta circunstancia supondrá un nuevo hándicap sobre el modelo Muface, afectado ya de por sí por la ausencia de nuevos funcionarios por la congelación de oferta de empleo público y el envejecimiento de la población atendida", según denuncian.
En este sentido, CSI-F advierte de que se mantendrá "vigilante" para que esta decisión no afecte a la calidad de la asistencia sanitaria ni suponga un nuevo recorte sobre las prestaciones que reciben los funcionarios, después de que en el presente ejercicio el Gobierno ya haya recortado en un 22 por ciento las prestaciones a los funcionarios.
Además, recuerdan que las cuentas de Muface se han visto reducidas en más de mil millones de euros a lo largo de los últimos cinco años, entre 2009 y 2013, como consecuencia de las reducción de las aportaciones del Ministerio de Hacienda, la utilización del remanente de tesorería y la congelación de las ofertas de empleo público, lo que ha impedido la entrada de nuevos titulares y beneficiarios en el sistema.
