MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados ha registrado este jueves una Proposición de Ley para incorporar al Código Penal un nuevo delito contra la salud pública, que castigaría con entre seis meses y cuatro años de cárcel a aquellas personas que ofrezcan o difundan públicamente pseudoterapias no autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) a pacientes con cáncer en estado grave.
La Proposición, presentada por el portavoz de la formación 'naranja' en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, recoge que esta pena se aplicaría en todos aquellos que "alientes posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos no contrastados", pero puntualiza que la condición es que "aboquen al paciente o pacientes al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada". Además, se extendería también hasta "otras enfermedades graves potencialmente letales" y no solo en pacientes oncológicos.
La ubicación de este tipo penal se produciría con la adición de un nuevo apartado tercero en el artículo 362 del Código Penal, que recoge los delitos relativos al despacho o expedición de medicamentos. "Esto permitiría a su vez la aplicación a este delito de del artículo 362 quater del Código Penal, que supone la imposición de las penas superiores en grado cuando concurran determinadas circunstancias", agregan.
En cualquier caso, el texto registrado por Ciudadanos no plantea "ningún reproche penal" a los pacientes que, "desesperados por el avance de su enfermedad", abandonden un tratamiento convencional por estas pseudociencias, "producto del engaño provocado por la difusión de la información terapéutica falsa o no contrastada".
"Somos conscientes de la libertad de los pacientes a la hora de elegir si continuar o no un tratamiento específico, pero también somos conscientes del daño que algunas personas causan a otras al ofrecer información o expectativas falsas basadas en remedios o prácticas sin evidencia científica", añade el documento.
"EL DELITO DE INTROMISIÓN NO ES SUFICIENTE"
Francisco Igea considera que esta modificación daría a los jueces "un instrumento penal para evitar que situaciones así sigan sucediendo en un país del siglo XXI". "Es una obligación constitucional defender la salud pública", ha comentado.
Y es que, para el diputado de Cs, en el escenario que plantean las sanciones administrativas y el delito de intromisión "no son suficientes, como se ha demostrado", ya que, en su opinión, "son muy difíciles de probar".
"No podemos dejar desamparada a la gente en sus momentos más débiles y de desesperación, en los que es muy fácil caer en una esperanza falsa. No podemos dejar que se les siga embaucando", ha aseverado Igea, quien se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en esta materia.
"Afortunadamente, hoy tenemos una ministra de Sanidad, Carmen Montón, y un Gobierno que dice que apuesta por la evidencia. En esta propuesta podemos estar de acuerdo. Vamos a colaborar con ellos en esto, pero no queremos solo anuncios, sino reformas penales y administrativas que impidan esto. La propaganda no es suficiente. Es una urgencia que se puede convertir en realidad si el Ministerio la hace suya", ha expuesto el diputado, que ha aprovechado la ocasión para agradecer a la Organización Médica Colegial y a la Sociedad Española de Oncología "por denunciar estos casos y su lucha contra las pseudoterapias".
