MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados ha registrado una pregunta para el Gobierno, para ser respondida por escrito, en la que le cuestiona la veracidad del 'Informe de la Dirección General de cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y farmacia sobre la financiación pública de medicamentos con resolución expresa de no inclusión en la prestación farmacéutica del SNS'.
En el documento, tal y como recuerda la formación liderada por Albert Rivera, se señala que los medicamentos que han obtenido una resolución expresa de no financiación son fármacos que no están incluidos en la prestación farmacéutica del SNS y, por tanto, no se incluyen en la cartera común de servicios del SNS.
Asimismo, se destaca que las comunidades autónomas y las entidades gestoras no pueden incluir en su cartera de servicios, y por tanto no pueden financiar con fondos públicos, medicamentos con una resolución expresa de no financiación ya que produciría diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el SNS, entre ciudadanos integrados en el Sistema Nacional de Salud y por exclusivas razones territoriales, algo expresamente prohibido en la Ley del medicamento.
Finalmente, el documento informa de que el ámbito objetivo del artículo 17.6 del Real Decreto se refiere a aquellos medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la financiación del SNS, pero no a aquellos medicamentos sobre los que existe, de manera expresa, una resolución de no financiación.
Ante todo ello, Ciudadanos ha preguntado si se puede confirmar la veracidad del informe; si debe considerarse como 'Resolución expresa de no inclusión en la prestación farmacéutica del SNS' y cuándo tendrá carácter definitivo; así como sobre la repercusión que podría tener el trabajo en relación con el acceso a medicamentos en situaciones especiales regulado en el Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales; y si es de carácter vinculante y de obligado cumplimiento por parte de las comunidades autónomas.
