MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Consumidores y Usuarios mostró hoy su oposición "frontal" a cualquier intento de excluir unas u otras bebidas de la futura ley para la prevención del consumo de alcohol por menores. El CCU aseguró que los datos sobre el tipo de bebidas que ingieren "son lo suficientemente claros como para evidenciar que la futura ley no puede dejar de aplicarse a sustancias que son, por su composición, bebidas alcohólicas, poseen características psicoactivas y forman parte muy destacada del consumo alcohólico de los menores".
"Sustancias que por su familiaridad, facilidad de acceso y normalización publicitaria cuentan con una baja percepción de riesgo entre la sociedad en general y entre los menores en particular", añadió en un comunicado.
El Consejo, que ha valorado positivamente en su informe preceptivo el proyecto, destacó que la ley no pretende erradicar el consumo de alcohol entre los adultos "frente a lo que algunos pretenden hacer pasar por la verdad" y denunció, en este sentido, la "monumental campaña orquestada" contra el proyecto "por parte de sectores mediáticos, empresariales y también políticos" para desautorizar o desnaturalizar la futura regulación "apelando confusamente a la libertad de expresión, al prohibicionismo, a la intromisión en la vida privada de los ciudadanos, etc., ofreciendo una imagen de la norma que en absoluto se corresponde con su contenido y objetivos".
REMITE CARTAS.
Esta entidad ha dirigido sendas cartas al presidente del Gobierno, vicepresidentes, y ministras de Sanidad y Consumo y de Agricultura, así como a la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, portavoces de los Grupos Parlamentarios y otras instituciones de la Administración y de las Cortes Generales, en las que respalda el proyecto y exige a los destinatarios su apoyo "claro, decidido y explícito".
El máximo órgano de representación y consulta de los consumidores resalta en la misiva la gravedad del problema del consumo de alcohol por los menores, así como los efectos "colaterales" que de él se derivan, como inseguridad vial y ciudadana, embarazos no deseados, fracaso escolar o propagación de enfermedades de transmisión sexual.
Por ello, consideró "coherente" que el Gobierno afronte seriamente este problema, asumiendo el compromiso de desarrollar normativas anteriores que ya preveían ese desarrollo (caso de la Ley General de Publicidad) y armonizando la dispersa y desigual legislación autonómica en este ámbito.
