MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a la norma que modificará el actual sistema de copago farmacéutico para incorporar por primera vez al mismo a los ciudadanos con pensiones contributivas, que hasta el momento no pagaban nada en las farmacias por sus medicinas con receta y ahora deberán abonar un 10 por ciento, con un límite de 8, 18 ó 60 euros al mes en función de su renta.
Esta medida forma del paquete de reformas acordado este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) por la ministra del ramo, Ana Mato, y las comunidades autónomas, con las que pretenden conseguir un ahorro total de más de 7.000 millones de euros que permita "garantizar la gratuidad de la sanidad".
En lo que respecta al nuevo sistema de aportación de los usuarios de farmacia, que podría estar listo en los próximos dos meses, se reduce el número de personas que no tienen que pagar por sus medicamentos con receta, algo de lo que ya sólo se beneficiarán los parados sin prestación y las personas con pensiones no contributivas o renta de reinserción.
A partir de ahí, se establecen diferentes categorías "según la renta" para los trabajadores activos y para el resto de pensionistas, que a partir de ahora tendrán que pagar un porcentaje del precio de sus medicinas.
En concreto, los pensionistas pagarán un 10 por ciento del precio de sus medicamentos. No obstante, aquellos con rentas inferiores a los 22.000 euros no pagarán más de 8 euros al mes, un límite que para los pensionistas con rentas de más de 22.000 euros será de 18 euros mensuales, mientras que para quienes superen los 100.000 euros anuales el tope estará en los 60 euros mensuales. El resto de lo que paguen les será reembolsado posteriormente, aunque queda por definir cómo se hará.
En el caso de los trabajadores activos, se acaba con el 40 por ciento generalizado que se pagaba hasta ahora y se establecen diferentes porcentajes de copago en función de la renta.
Así, aquellos trabajadores con rentas inferiores a 22.000 euros --que no tienen obligación de tributar en el IRPF-- y miembros de familias numerosas seguirán pagando este mismo porcentaje (40%), mientras que en aquellos que superen esta renta, la aportación será de un 50 por ciento.
Al igual que con las pensiones, también existe una categoría para rentas altas, iguales o superiores a los 100.000 euros anuales, que en este caso pasarán a pagar un 60 por ciento.
Por último, los enfermos crónicos seguirán pagando un 10 por ciento como hasta ahora, así como los mutualistas de Muface, que continuarán pagando un 30 por ciento tanto como trabajadores activos como una vez que se jubilen.
Como ha reconocido la ministra, esta medida es "no tiene afán recaudatorio sino disuasorio" y es "justa y equitativa", ya que "no pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más".
BUSCANDO EL FIN DEL TURISMO SANITARIO EN ESPAÑA
Asimismo, este paquete de medidas también incluye la adaptación de la normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el SNS, con la que se pretende "acabar con el turismo sanitario en España" que ha causado un gasto de 917 millones de euros.
Para evitarlo, se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado, de modo que España pueda facturar de manera rápida y directa al país de origen del ciudadano que sea atendido en nuestro país, como ya sucede con los españoles que viajan al extranjero.
"Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España", ha señalado Mato.
Asimismo, la reforma acordada por Mato también incluye la adecuación de los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento, un nuevo sistema de actualización del Nomenclator, así como un plan de impulso del uso de medicamentos genéricos y fármacos de menor precio, que está todavía por definir.
También incluirá la creación de una cartera de servicios que distinguirá entre prestaciones básicas, suplementarias y accesorias; la compra conjunta de medicamentos y tecnologías mediante una plataforma centralizada de compras; o la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales, entre otras cuestiones.
