MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes retirar el recurso planteado en el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de asistencia sanitaria universal, una vez aprobado y convalidado por el Congreso el real decreto que regula el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que sitúa a la norma autonómica dentro del marco estatal básico.
La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha informado de esta decisión, que fue anunciada la semana pasada tras el encuentro entre el secretario de Estado de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor, y la consejera catalana de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, para abordar la reducción de los conflictos ante el Tribunal Constitucional.
"No hay ninguna discrepancia entre el real decreto ley y la ley catalana", ha explicado Celaá al confirmar el desestimiento acordado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Es el primer recurso cuya retirada acuerdan ambas partes, pero según el Gobierno pueden ser más. Sánchez Amor y Artadi encabezan una comisión mixta Estado-Generalitat que repasa los recursos cruzados entre ambas partes para intentar llegar a acuerdos: se revisan asuntos en los que pactar un desestimiento tanto por la existencia de nueva jurisprudencia constitucional o porque alguna de las dos partes está dispuesta a cambiar su norma.
REVISARÁN 16 RECURSOS
Son 16 los recursos en el Tribunal Constitucional presentados por el Estado contra normas catalanas y que se revisarán en la comisión mixta entre los dos gobiernos sobre conflictividad y traspasos, según datos recavados por Europa Press.
Los asuntos en litigio son diversos: vivienda y pobreza energética, la citada ley de asistencia sanitaria, normativa sobre consumo de cannabis, también sobre la agencia catalana de ciberseguridad, la de protección social, y legislación sobre el cambio climático.
También están en manos del Constitucional nueve conflictos planteados contra el Estado por Cataluña, que es la comunidad que más recursos y conflictos mantiene en el alto tribunal contra normativa estatal.
