MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente hoy un Real Decreto con el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, que entró en vigor el pasado 25 de octubre y permite a los ciudadanos europeos elegir ser tratados o recibir atención sanitaria en otro país distinto al de origen.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha sido el encargado de elaborar la norma que traspone dicha directiva aprobada en 2011 que, entre otras cuestiones, regula el reembolso de los gastos que conlleva dicha atención, el reconocimiento de recetas y el acceso a la historia clínica de los pacientes.
El objetivo de la misma es facilitar a los pacientes de la Unión Europea el acceso a la asistencia sanitaria transfronteriza y garantizar la calidad y seguridad de la misma.
En principio, cuando un ciudadano decida ser atendido en otro país deberá abonar el coste de los servicios sanitarios que reciba por adelantado "y después serán reembolsados por el país de origen al precio que marque el país de destino", según explicó la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, durante unas jornadas sobre este tema organizadas en octubre en la sede del Parlamento Europeo en Madrid.
No obstante, las autoridades nacionales pueden introducir un sistema de autorización previa en caso de que la asistencia requiera la hospitalización de al menos una noche, en casos muy especializados o muy caros, o en casos graves relacionados con la calidad o seguridad de la asistencia en el extranjero.
En este sentido, el Real Decreto que se aprobará este viernes fija las condiciones para que los españoles puedan solicitar dicha atención, en qué casos será necesaria una autorización previa y como se procederá al reembolso una vez regresen a España.
El precio de las prestaciones, según puntualizó entonces Farjas, lo marcará cada servicio autonómico de salud y en principio no ha de ser el mismo en todas las comunidades. "Lo que la Unión Europea exige es que las tarifas sean conocidas, públicas y transparentes, y que se apliquen con independencia del ciudadano que pida la atención sanitaria", ha aclarado.
Para ello, el Ministerio pondrá a disposición de los ciudadanos una oficina de información en la que ciudadanos de otros países podrán consultar estos y otros datos, como el listado de prestaciones y centros, así como el registro de profesionales sanitarios.
