Diferentes asociaciones de consumidores coinciden en señalar que se abre "una nueva etapa que favorece el consenso"
MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobó hoy durante el Consejo de Ministros la modificación del Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), y cuya principal novedad radica en la ampliación del número de asociaciones miembros, al pasar de las diez actuales a 15.
El CCU es el máximo órgano de consulta del Gobierno en temas de consumo, a través del cual se pueden mejorar normas, leyes y disposiciones, al mismo tiempo que remite propuestas encaminadas a mejorar los derechos y la posición del consumidor en la sociedad.
El nuevo decreto disuelve el actual CCU y amplía el número de miembros, que podrán llegar a ser 15, siempre que demuestren que "son asociaciones suficientemente representativas", según explicó a Europa Press la presidenta de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI), Agustina Laguna.
Por ello, las asociaciones deberán presentar una memoria de actividades y hechos, y posteriormente, la Administración decidirá su inclusión o no este organismo.
Laguna recordó que, ya que el decreto posibilita la participación de más organizaciones, "se inicia una nueva etapa en la que se enriquecerá la visión y se favorecerá el consenso". En su opinión, "se está haciendo mucho, pero todo es susceptible de mejora".
Por su parte, el presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, consideró que "lo más importante es que los miembros del Consejo no sean sólo personas representativas sino que también deben creer en la defensa de los consumidores".
"ACABAR CON LA INTERINIDAD"
Más crítico se mostró el presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE), José Ángel Oliván, que indicó que, "aunque no es el Consejo que más nos hubiera gustado tener, cuanto antes se perfile mejor". "La situación de interinidad en la que estaba el actual CCU necesitaba una rápida solución", apostilló.
Desde FACUA, su portavoz Rubén Sánchez, se mostró esperanzado en que el nuevo CCU "ponga fin a la discriminación ilegal sufrida por determinadas organizaciones" que no formaban parte de este organismo. "FACUA ha sufrido perjuicios importantes a nivel de representatividad institucional y subvenciones públicas en los últimos años por este motivo", denunció.
