MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que no va a permitir la "tropelía" de la junta de Castilla y León, tras el anuncio Ejecutivo autonómico en relación a un protocolo "antiabortista".
"El Gobierno quiere transmitir un mensaje de absoluta firmeza y tranquilidad, de firmeza porque el Gobierno va a aprobar cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada por el gobierno de Castilla y León, para impedir que esta tropelía se consume, y de tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de España, así como a los profesionales sanitarios, que tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno no va a permitir ni un solo retroceso en materia de derechos y libertades de las mujeres", ha manifestado Rodríguez, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por ello, ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo consistente en un requerimiento a la junta de Castilla y León, que es "el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional".
Tal y como ha explicado Rodríguez se trata de la tercera intervención del Ejecutivo en esta materia, después de ponerse en contacto con el Gobierno de Castilla y león "de forma informal" a través de una carta, y por la vía administrativa. En ambos casos, según ha indicado, no recibieron respuesta.
Preguntada sobre por qué no han esperado un periodo más largo para iniciar este último requerimiento, Rodríguez ha señalado que las castellanoyleonesas que este lunes iban a acudir a centros de salud con la intención de abortar no podían hacerlo "con miedo" y, según ha indicado, el Gobierno no va a permitir que sean "coaccionadas en su derecho" que protege la ley "en toda España".
EL "SILENCIO CALCULADO" DE FEIJÓO
También se ha referido, en este caso, a la intervención del presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, en rueda de prensa de este lunes para decir "que hay medidas", pero sin explicar "de qué se trata" y el "silencio calculado" del presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, desde que se anunciaran las medidas.
"Este silencio no es casual, ni siquiera es un silencio interesado, es cómplice", ha denunciado la portavoz del Gobierno quien cree que la postura del líder popular' es "la misma que la de Mañuevo y Vox". En este sentido, ha recordado que la ley "que hoy intentan bloquear" desde el Gobierno de Castilla y León, es la que está en vigor aprobada en 2010, que el PP tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Tras ser avisada de que, casi paralelamente a su intervención, Feijóo se había pronunciado sobre el tema, la ministra ha asegurado que cinco días de silencio "son muchos días" y cree que en este periodo Mañueco "ha intentado reconducir" la situación "al tiempo que complace a sus socios de Gobierno". "Es que pareciera que están escribiendo el expediente ahora, cuando lo normal, si se ha aprobado algo es que pueda mostrarlo a la ciudadanía", ha declarado.
Rodríguez ha insistido en que el objetivo del Gobierno central con este requerimiento es que "ante la indeterminación, la falta de documento, el desconocimiento, la incertidumbre y la afectación de esa decisión a los derechos y libertades de las mujeres y al ámbito de competencia", el Gobierno de Castilla y León "se abstenga de sugerir a la mujer embarazada ningún tipo de protocolo que se exceda en la normativa" vigente y que "no cabe recomendación, fuera de protocolo, al personal sanitario".
Por otra parte, Rodríguez ha rechazado las acusaciones de un uso electoral de esta situación y ha recordado que desde el Gobierno se hizo un llamamiento al PP, tras las elecciones autonómicas, para que contara con sus partidos miembros e "impedir" que Vox "llegara las instituciones y a gobiernos en ningún lugar del país". "Prefirieron colocarse de ese lado", ha lamentado la ministra.
SOBRE LA LEY 'SOLO SÍ ES SÍ'
Finalmente, la portavoz del Ejecutivo ha sido preguntada por la posible reforma de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del 'solo sí es sí', sobre la que ha insistido en que el Gobierno y el Parlamento hicieron su trabajo con una "clara orientación" hacia "la protección integral de las mujeres" y que las consecuencias de su aplicación no eran las deseadas.
De ahí que, según ha explicado, el Ejecutivo haya estado "muy atento" a la instrucción de la Fiscalía, enmendara la reforma del Código Penal para "marcar claramente" sus intenciones y, ahora, espera "una unificación de doctrina" por parte del Supremo.
