El Sanidad creará una Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública que coordinará los diferentes sistemas autonómicos
MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aprobado el informe Anteproyecto de Ley General de Salud Pública que, según ha informado este miércoles en la rueda posterior al Consejo de Ministros la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, pretende reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud, así como establecer las bases para las actuaciones de las distintas Administraciones en salud pública.
"Hasta ahora nuestra legislación ha estado más centrada en organizar los servicios sanitarios y en curar la enfermedad, y lo ha hecho muy bien; tenemos un magnífico sistema de salud con unos excelentes profesionales, que da cobertura universal y asistencia a una amplia cartera de servicios sanitarios, pero teníamos que dar un paso más para adaptarnos a las necesidades de la población. Teníamos que poner un mayor acento en las actividades de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud, porque si ponemos un mayor esfuerzo en la prevención de la enfermedad podemos garantizar una mejor asistencia sanitaria", ha explicado.
En su opinión, esta reforma está muy unida a los retos del siglo XXI, "nuevos riesgos de carácter global ligados a la salud". Así, ha afirmado que "la salud se ha convertido en el centro de las aspiraciones de toda la sociedad", y ha recordado que, según diversos estudios, "una sociedad saludable, donde los ciudadanos viven en un entorno de salud, favorece enormemente el desarrollo económico y social".
Entre sus principales novedades, el texto legisla algunos derechos y deberes importantes para los ciudadanos como el reconocimiento a recibir información sobre una intervención de salud pública antes de someterse a ella; conocer los posibles riesgos para su salud; y tiene derecho a las prestaciones en salud publica, a la igualdad, a la confidencialidad y a la participación. "Estamos sistematizando de forma más claras su derechos", ha explicado.
Además, se refuerza la transparencia, para lo cual se requiere por primera vez la declaración de intereses para colaborar con las Administraciones Públicas en esta materia. "Es importante la transparencia de todas las actuaciones y de todos los actores interesados, particularmente cuando puede haber una colisión de intereses", de tal forma que para garantizar la objetividad de todas las actuaciones de salud pública, sobre todo cuando colaboren con las administraciones sanitarias, se debe formular una declaraciones de intereses, incluyendo sus fuentes de financiación, "de modo que se demuestre que los estudios presentados inciden sobre la salud", ha informado.
Por lo que respecta a cómo deben desarrollarse las actividades en salud pública, el anteproyecto señala que deben cumplir una serie de requisitos básicos como introducir un enfoque de salud en todas las políticas, respetar los derechos humanos, buscar la eficiencia social y la proporcionalidad, ser equitativas y transparentes, ser evaluables y fomentar la participación, entre otros.
"En el fondo se trata, por un lado, de desarrollar un marco normativo que muestre cómo invertir nuevos recursos en la prevención, y, por otro pedir, que todas las organizaciones, administraciones, ministerios, hagan de la salud un eje vertebral y trasversal de todas sus políticas", ha advertido.
SISTEMA DE ALERTA PRECOZ
En relación con la vigilancia e información en salud pública, se garantiza la creación de un sistema de alerta precoz y respuesta rápida, que detectará incidentes, riesgos ambientales, enfermedades y otras situaciones que representen un riesgo de naturaleza biológica, química, alimentaria, radiológica o nuclear.
Para ello, se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública que coordinará los diferentes sistemas autonómicos. En este sentido, se introducen la vigilancia de los condicionantes en salud y la vigilancia de sustancias tóxicas en el organismo humano, así como el seguimiento de parámetros nutricionales para controlar la frecuencia de problemas de salud tan diversos como la infertilidad, el cáncer y las enfermedades metabólicas y endocrinas.
"En la gestión de la gripe A hemos visto como la vigilancia se convierte en un elemento fundamental para la promoción de la salud", ha explicado Jiménez. Por ello, se mantendrán un sistema de vigilancia de los factores condicionantes de la salud y los problemas de la salud; un sistema de alerta precoz y respuesta rápida; y, finalmente, se desarrollará un sistema de evaluación de la calidad del sistema.
Asimismo, se crea la Red Estatal de Laboratorios de Salud Pública, que permitirá disponer en todo momento de las técnicas y procedimientos de máxima calidad para la detección y análisis de cualquier riesgo para la salud pública.
En el marco de la protección a la salud, se hace mención específica a la sanidad ambiental y a la sanidad laboral. Así, en lo relativo a la sanidad ambiental se presta atención especial a la aparición de riesgos ambientales para la salud asociados al cambio climático.
En cuanto a la salud laboral, el anteproyecto incluye como novedad la consideración de las relaciones entre este ámbito y el Sistema Nacional de Salud, para lo cual se establecen procedimientos que ayuden a promover entornos de trabajo favorables a la salud, así como la promoción de hábitos de vida saludables desde los lugares de trabajo.
No obstante, Jiménez ha admitido que el sistema existente actualmente es bueno, pero ha explicado que "con ésta norma la vigilancia se hace de modo integral, empezamos a monitorizar todos los condicionantes sociales que determinan la salud; se vigilan las amenazas ambientales y se monitorizan los efectos en el entorno".
NUEVO RETO: LA PREVENCIÓN
El anteproyecto también establece los métodos oportunos para desarrollar acciones preventivas de carácter comunitario siguiendo los principios generales que garantizan la máxima calidad posible. Para ello, se coloca la prevención en el centro del sistema, de modo que los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud y, en especial, la Atención Primaria asumen un papel relevante en la acción preventiva y en la salud comunitaria.
De este modo, se determinan los métodos para que en España se disponga de unas recomendaciones preventivas de la máxima calidad basadas en datos científicos. Así, aquellas acciones preventivas que no estén basadas en pruebas científicas podrán ser excluidas, "para evitar así el derroche de recursos y riesgos para la salud innecesarios".
Igualmente, la norma dispone los procedimientos para asegurar la calidad y la seguridad de la acción preventiva (prevención de lesiones, las vacunaciones o la detección precoz de enfermedad) en España, y establece que la prevención es un acción coordinada multidisciplinar y con acciones en todos los ámbitos sanitarios: profesionales de atención familiar y comunitaria, enfermería, trabajadores del ámbito social, farmacias, hospitales, etcétera.
Según el anteproyecto, todas estas actuaciones en salud pública se organizarán a través de un Consejo Estatal de Salud Pública que "garantizará que la salud es un elemento general de todas las políticas públicas, donde estarán científicos, organizaciones sociales, administraciones, etc, y que coordinará las actuaciones entre las Administraciones y los actores relevantes que tengan implicación directa o indirecta sobre la salud.
Además, se establecerá una comisión permanente de Salud Pública que será un órgano adscrito al Consejo Interterritorial, que "se encargará de garantizar la cohesión y equidad de las políticas, actividades y prestaciones de salud pública".
