Se creará el Centro de análisis de políticas y actuaciones en salud pública que asesorara en materia de salud pública
MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el anteproyecto de Ley General de Salud Pública, que pretende luchar contra las desigualdades en salud y garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos.
El anteproyecto, consensuado con las comunidades autónomas, "quiere servir para reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud de acuerdo con lo recogido en el artículo 43 de las Constitución, así como establecer las bases para las actuaciones de las distintas administraciones en salud pública".
En este sentido desde Sanidad recuerdan que, "hasta la fecha", las estructuras sanitarias "se han centrado más en la atención sanitaria y la resolución de enfermedades que en la prevención", por este motivo, han visto necesario el desarrollo de esta nueva normativa.
"La salud pública trata de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad y aunque los servicios sanitarios son imprescindibles para hacer frente a las enfermedades, no son los principales condicionantes del estado de salud", explica.
Así, aunque la "finalidad última" de esta norma es "alcanzar y mantener el máximo nivel de salud de la sociedad española" estableciendo las bases generales para que las diferentes, estipula que se deberá garantizar los derechos y deberes, "tanto individuales como colectivos respecto a las prestaciones de salud pública, la promoción y la prevención de la salud".
También, entre sus objetivos, se encuentra conseguir "la consideración de la salud como efecto de otras políticas con la adecuada coordinación entre el sector salud y otros sectores"; "disminuir las desigualdades injustas en salud, sean territoriales, sociales, culturales o de género"; y, finalmente, "establecer los instrumentos necesarios" para la correcta planificación y coordinación en España.
Hay que tener encuenta que, actualmente, comunidades como Valencia, Cataluña, Castilla y León o Baleares tienen sus propias Leyes de Salud Pública y, proximamente, comunidades como Andalucía o Extremadura la están desarrollando. Por este motivo, desde Sanidad afirman que "se hace necesario coordinar la regulación sobre la materia que han ido desarrollando las comunidades autónomas".
Por otra parte, la norma recoge por primera vez en el mundo la vigilancia de los condicionantes sociales de la salud, en materia de derechos y deberes. Asimismo, entre las obligaciones de las Administraciones se especifica el deber de garantizar la independencia y la transparencia de sus actuaciones en salud pública.
En el capítulo de las desigualdades, en materia de actuaciones de prevención, promoción y protección de la salud el anteproyecto pone especial énfasis en la prevención de la discapacidad y en evitar intervenciones de salud pública innecesarias o de eficacia no demostrada científicamente con el objeto de evitar molestias innecesarias en los ciudadanos.
DIFERENTES ORGANISMOS DE COORDINACIÓN
Con el fin de reforzar la coordinación de los sistemas de alerta, la norma establece la organización y funciones de los Sistemas de Información y de Vigilancia de la Salud Pública desde una perspectiva integral que recoja todos los condicionantes de la salud.
De este modo, en primer lugar, se articula la Red Española de Vigilancia en Salud Pública de la que dependerá la Red Española de Laboratorios en Salud Pública, que permitirá disponer de las técnicas y procedimientos de máxima calidad para la detección y análisis de cualquier riesgo para la salud pública.
La Ley recoge además el desarrollo de diversos centros que servirán para la planificación y coordinación de la salud pública en España. En este sentido, se creará el Centro de análisis de políticas y actuaciones en salud pública, que tiene como objetivo la realización de asesoramiento técnico y la evaluación en el ámbito de la Administración General del Estado.
Asimismo, llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras administraciones, instituciones o entidades interesadas.
Además, consolidará como órgano de coordinación la Comisión de Salud Pública, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para garantizar la cohesión y equidad de las actuaciones de salud pública y su integración en todas las políticas con impacto en salud.
Y, por último, también se creará el Consejo Español de Salud Pública como órgano colegiado de consulta y participación, adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que estarán representados los departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas inciden en la salud y aquellas otras Administraciones, organismos y organizaciones que aseguren una adecuada gobernanza del sistema.
En definitiva, la futura Ley supondrá una mejora para el bienestar de la población y la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales.
