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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Dentistas ha reclamado mecanismos que protejan de forma eficaz a la ciudadanía ante el cierre de una clínica dental o en caso de que deje de prestar los tratamientos contratados, tras el cierre de las clínicas de Vivanta, que considera un "nuevo y grave episodio de desprotección de los pacientes".
"No estamos hablando únicamente de la compraventa de una empresa, sino de la salud de miles de personas que confiaron en estos centros para recibir una atención sanitaria", ha expresado el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, sobre el cierre de clínicas Vivanta.
El Consejo General de Dentistas ha tachado de "inadmisible" que, mientras se negociaba la adquisición del grupo Vivanta por parte de Donte Group, una oferta de compra que, según ha apuntado, terminó decayendo, los pacientes estuvieran expuestos a la "incertidumbre" sobre la continuidad de sus tratamientos.
Asimismo, ha recordado que, en 2022, Vivanta recibió 40 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), una operación que la organización "cuestionó desde el principio", debido a la falta de información sobre los motivos que la justificaban, así como sobre la posterior ampliación del plazo de devolución del préstamo hasta 2028.
Los dentistas han lamentado que no se haya conseguido garantizar la continuidad asistencial de los pacientes y ha urgido a impulsar medidas para proteger a la población ante situaciones como esta. En esta línea, ha instado a aprobar una ley de publicidad sanitaria que impida campañas comerciales agresivas o engañosas y refuerce la protección de los ciudadanos frente a prácticas que puedan anteponer criterios mercantiles a los sanitarios.
"Llevamos años advirtiendo de que la Odontología es una profesión sanitaria y de que la salud de las personas no puede tratarse como un simple producto de consumo. No cuestionamos ningún modelo empresarial que cumpla la legislación y respete los derechos de pacientes y profesionales. Lo que no podemos aceptar es que el riesgo de una actividad empresarial termine trasladándose a quienes ya han pagado por recibir un tratamiento sanitario", ha apuntado Castro.
RECOMENDACIONES PARA LOS AFECTADOS
Desde el Consejo General de Dentistas se han puesto a disposición de los pacientes y de los profesionales afectados para facilitar, en la medida de lo posible, la información y orientación necesarias ante esta situación. Además, han detallado una serie de recomendaciones para las personas que han visto interrumpidos sus tratamientos.
En primer lugar, el Consejo ha sugerido que se conserve toda la documentación relacionada con el tratamiento, como presupuesto, contrato, facturas y justificantes de pago, financiación, consentimientos informados, resguardos de citas, mensajes y cualquier otra comunicación recibida.
En paralelo, ha instado a solicitar por escrito y por un medio que permita acreditar su envío información concreta sobre la continuidad del tratamiento y pedir una copia completa de la historia clínica, incluidas radiografías y pruebas diagnósticas. Si se impide o dificulta el acceso, ha señalado que puede reclamarse ante la Agencia Española de Protección de Datos y la autoridad sanitaria competente.
Si el tratamiento se financió mediante un crédito vinculado, ha indicado que se puede reclamar de forma acreditable frente al prestador, además de comunicar de forma inmediata la situación a la entidad financiera. En este punto, ha aludido al artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, que reconoce al consumidor, cuando concurren sus requisitos, la posibilidad de ejercitar frente al prestamista los derechos derivados del incumplimiento del proveedor.
En caso de que se hayan abonado prestaciones aún sin realizar, ha recomendado que se conserven los justificantes y se realice la correspondiente reclamación. Cuando resulte aplicable un procedimiento concursal, ha apuntado que deberá atenderse a la información oficial sobre la forma y plazo para comunicar el crédito a la administración concursal.
Asimismo, ha destacado que si la interrupción del tratamiento puede comprometer la salud o requiere una actuación que no pueda demorarse, se debe acudir a otro dentista para que valore la situación. También es aconsejable solicitar un informe del estado actual y de los tratamientos realizados y pendientes.
Los afectados pueden dirigirse a las autoridades sanitarias y de consumo y al Colegio Oficial de Dentistas correspondiente. En cualquier caso, ha animado a analizar con "especial cautela" las ofertas de terceras clínicas, entidades financieras, intermediarios o despachos y comprobar antes de firmar sus condiciones clínicas, económicas y jurídicas.
