Solicitará la suspensión cautelar argumentando "perjuicios de imposible reparación"
SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que se ha reunido este pasado martes en un pleno extraordinario, ha anunciado su decisión de recurrir la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que prohíbe compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio privado de las profesiones colegiadas, y que ya fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado día 26 de mayo.
En declaraciones a Europa Press, el letrado y secretario técnico del Consejo Andaluz de Médicos, Rafael Belmonte, ha anunciado que el recurso de la corporación colegial andaluza se elevará "ante la Audiencia Nacional en Madrid", presumiblemente "la próxima semana".
Belmonte, quien sí ha podido asegurar que el recurso se elevará "antes de final de mes", ha argumentado que la decisión de la corporación andaluza se sustenta en su entendimiento de que existen "perjuicios de imposible reparación" que la entrada en vigor de la norma puede causar al colectivo colegial, motivo por el que han anunciado que pedirán, "con carácter de urgencia", la suspensión cautelar de dicha Orden.
Además, desde el Consejo apuntan a la "falta" de coherencia legislativa de la citada Orden, así como a la "vulneración" del principio de legalidad y al "ataque" a los derechos de más de 35.000 profesionales que forman el estamento médico en Andalucía, unos elementos que "dotan de fundamento" al recurso que esta misma semana presentará el Consejo.
Este recurso se suma a otros que también preparan otras corporaciones y entidades, que entienden que "conseguirá lo contrario de su fin economicista; es decir, hará que se produzcan cierres de consultas, aumento del desempleo entre el personal sanitario y la reducción del aporte de experiencia que aportan a la sociedad un gran número de estos profesionales".
En concreto, esta Orden Ministerial dispone en su artículo único la "incompatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación de la Seguridad Social y el ejercicio de la actividad de los profesionales colegiados".
EXCEPCIONES
No obstante, la citada Orden consultada por Europa Press establece como excepcionalidad que dicho régimen de incompatibilidad "no será de aplicación con respecto a los supuestos en los que la correspondiente pensión de jubilación viniera compatibilizándose con el ejercicio de la actividad por cuenta propia del profesional colegiado con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden", que se hará efectiva a partir del 1 de julio.
Pese a que esta Orden ministerial afecta a distintas profesiones liberales, como la de abogado, el estamento médico y la rama sanitaria de sindicatos como el CSIF ya han mostrado su desacuerdo con esta norma, al entender que "cercena un derecho reconocido legalmente a un colectivo muy amplio de profesionales que pueden compatibilizar su justo percibo de pensión de jubilación contributiva con el ejercicio profesional", tal y como ha defendido a Europa Press el presidente de la Sección de Sanidad de CSIF en Sevilla, Fernando Castelló.
En opinión de Castelló, que también ha avanzado que los servicios jurídicos de su sindicato se encuentran trabajando en las posibles impugnaciones de la Orden, la misma es "absolutamente contraria al ordenamiento jurídico actual", pudiendo además "infringir la propia Constitución".
En cuanto a que la Orden no será de aplicación para aquellos que ya están compatibilizando su pensión con su actividad profesional privada, aunque sí para aquellos que a partir del 1 de julio se jubilen y tenga que elegir entre su pensión o su actividad en consulta privada, Castelló ha aludido además al "agravio comparativo" que ello supone.
Junto a ello, ha dicho "no entender" cuáles son los criterios que mueven al Gobierno de la nación para emprender una norma, "que destruirá además los puestos de empleo que genera la actividad profesional privada, como por ejemplo puede ser el puesto de una enfermera en una consulta de un médico que opte por cogerse la pensión, abandonando así su actividad profesional".
Del mismo modo, ha ahondado que estas actividades tributan a las arcas del Estado, "ya que trimestralmente las aseguradoras detraen de forma automática por cada paciente asegurado que le vemos entre un 18 y un 20 por ciento del precio de la consulta, ya que han de tributarlo a su vez a Hacienda".
