MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los consejeros de Sanidad de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Murcia, Madrid, La Rioja o Galicia, han reclamado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se fije cúal sería el coste económico derivado de devolver la asistencia sanitaria universal, mientras que los responsables socialistas les han recordado que "no hace falta" memoria económica porque las comunidades autónomas, con diferentes fórmulas, ya atendían a los irregulares.
Este ha sido uno de los principales debates que han abordado los responsables sanitarios durante la celebración del CISNS este jueves en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que está enmarcado en el "proceso dialogado" que abrió la ministra, Carmen Montón, para fijar los términos y medidas concretas que llevarían a la vuelta de la unviersalidad, tras reunirse con comunidades autónomas, representantes de la sociedad civil o grupos parlamentarios.
Un 'leit motiv' de los consejeros 'populares' durante sus intervenciones ante la prensa ha sido reivindicar que todas las comunidades autónomas habían conseguido, con distintas combinaciones y normas, atender a los excluidos por el Real Decreto-Ley 16/2012. En este punto, han coincidido con representantes de administraciones socialistas, como el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, quien ha recordado, no obstante, que estas fórmulas fueron impugnadas por el Tribunal Constitucional.
En esta línea, el consejero extremeño, José María Vergeles, ha esperado que, al menos, en España todas las personas estén atendidas, no que" cada comunidad autónoma se tenga que buscar la vida para atenderles, como hasta ahora". Así, ha estimado "muy positivo" que se hable de universalidad, porque "tiene mucho que ver con todo lo que ha inspirado al SNS, pero que fue cercenado por el Real Decreto-Ley 16/2012".
"Habrá que buscar una solución que no altere las normas de la Unión Europea y que, además, no tumbe el Tribunal Constitucional", ha explicado el responsable aragonés, a lo que Ana Barceló (Valencia) ha añadido que, de no haberse aplicado la universalidad en Valencia (medida que promulgó Montón), no se hubiera "podido atender a todos los inmigrantes que vinieron del 'Aquarius', porque no tendrían la cobertura".
En Baleares, por ejemplo, este derecho a la universalidad se recuperó en julio de 2015. Hasta día de hoy, ha supuesto volver a incluir en el Sistema Público de Salud de esta comunidad a 13.462 personas que habían quedado excluidas. Por islas, en Mallorca 10.225 personas en situación irregular ya han recuperado el derecho a la asistencia sanitaria pública; 2.203, en Ibiza; 839, en Menorca, y 195, en Formentera.
En Andalucía también se continuó garantizando la cobertura sanitaria universal gracias a una tarjeta transitoria. "Hemos seguido manteniendo el servicio para la población más vulnerable porque pensábamos que era una responsabilidad de nuestro gobierno, como gobierno solidario y sensible con los colectivos más vulnerables", ha explicado la consejera andaluza, Marina Álvarez, quien ha detallado que en Andalucía existe una "tarjeta transitoria" para las personas que son inmigrantes y se encuentran en situación irregular se les permita "el acceso a toda la atención sanitaria como cualquier andaluz o andaluza".
DEBATE SOBRE FINANCIACIÓN
Así, la discusión se ha centrado en otorgarse de fórmulas que den "seguridad jurídica" a esta atención. Pese a todo, Enrique Ruiz Escudero (Madrid), Manuel Villegas (Murcia) o María Martín (La Rioja) han incidido en que el problema de la universalidad "ya está resuelto" y que no es "uno de los problemas más acuciantes". En su opinión, el debate debe acompañarese con una memoria económica que fije el coste real, y "no puede ir desligado" de la mejora de la financiación autonómica, ya que, tal y como han recordado, son las propias administraciones regionales las que tienen la competencia en este ámbito.
Por eso, el consejero gallego, Jesús Vázquez Almuiña, ha dicho que el Consejo "se ha quedado corto". A esta idea se ha unido el consejero canario, José Manuel Baltar, que ha recordado a Montón que "no se olvide" del monográfico que ya estaba acordado para tratar la financiación, ya que es "importantísimo", y ha confiado en que se celebre "antes de que acabe el verano".
Al respecto, Barceló ha asegurado que la ministra es "consciente" del problema de financiación, pero que "depende del calendario que tenga y de cómo vayan los presupuestos, pero es uno de sus retos y la ministra conoce perfectamente la situación".
Particularmente Escudero y Villegas han criticado que sus comunidades autónomas tienen problemas de financiación "serios". En suma, se han quejado porque la ministra haya antepuesto la resolución de la vuelta de la asistencia sanitaria universal antes que esta cuestión, y han recordado a Montón que, cuando era consejera valenciana, hizo de la falta de financiación una de sus causas más importantes.
PSOE: "ES UN DERECHO FUNDAMENTAL"
Para los consejeros 'socialistas', má allá del tema de la financiación y la fórmula oportuna para la vuelta de la universalidad, esta cuestión es "un derecho fundamental", tal y como han reivindicado Marina Álvarez, o su homóloga Balear, Patricia Gómez. "No tenemos que olvidar que los inmigrantes en situación irregular son personas que tienen miedo de acercarse a las administraciones, y ese miedo se tiene que sufrir para poderlo entender y se tiene que valorar cuáles son las consecuencias", ha remarcado.
Gómez se ha mostrado confiada de que el planteamiento del Ministerio será el "correcto", y ha insistido en que es un "orgullo" poder tener una ministra "tan comprometida" con temas como la universalidad en la salud. A su juicio, Montón "ha demostrado la suficiente valentía" como para que todo "vaya muy bien a partir de ahora".
Por su parte, el consejero de Sanidad del País Vasco, Jon Darpón (PNV), ha recordado que garantizar la universalidad en la asistencia sanitaria es un "derecho humano" y no una consecuencia de cotizar o no a la seguridad social, ni del lugar del trabajo, y ha asegurado que ha sido siempre una "seña de identidad" del SNS.
"La condición es la que ya se ha propuesto en casi todas las comunidades autónomas, sobretodo en el ámbito socialista, que es estar en España sin ninguna otra condición ni tener que ver nada con el aseguramiento, sino residir aquí. Hay que homogeneizar todas las normas", ha zanjado el consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz.
PP: "SIN PROPUESTAS CONCRETAS"
En última instancia, varios consejeros del Partido Popular han lamentado que el documento-borrador entregado hoy por el Ministerio es "inespecífico" y "poco concreto". "El documento recoge principios generales pero no establece aspectos específicos. Por tanto, pedimos que nos diga qué criterios se van a seguir a la hora de devolver la asistencia sanitaria, cuál va a ser la aportación farmacéutica y qué va a pasar con el turismo sanitario", ha reclamado Vázquez Almuiña.
Coincidiendo con el consejero gallego, Escudero ha defendido que para abordar este asunto "se tenía que haber tenido la documentación con más tiempo", y que ésta tuviese "más contenido en profundidad" de lo que realmente quiere plantear el Ministerio para recuperar la asistencia universal integral.
"Si para las comunidades autónomas no ha sido un problema, creo que hubiese sido muy importante que el Ministerio fije cuál es el criterio de universalidad que tiene, y que esté perfectamente definido", ha señalado el consejero madrileño, recordando en este punto que la prestación sanitaria es "muy amplia". Partiendo de esa base, considera que "lo importante" es "un respaldo normativo" sobre universalidad y una memoria económica de su impacto.
