MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso votará el próximo martes, 29 de mayo, una moción de Izquierda Unida que insta al Gobierno a derogar el decreto ley de reforma sanitaria, aprobado en la Cámara Baja la pasada semana, y que retome también las negociaciones en favor de un Pacto de Estado por la Sanidad, con el consenso de las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.
Esta propuesta, que será defendida por el portavoz de la Izquierda Plural en la materia, y diputado de IU, Gaspar Llamazares, es consecuencia de la interpelación que dirigió la semana pasada a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la que defendió que el decreto sanitario supone una "involución" sobre el modelo de sanidad universal, hacia un modelo de seguro y por afectar al derecho a la salud y romper con el consenso sanitario.
Así las cosas, en esta moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea también al Ejecutivo que garantice la universalidad y la gratuidad de las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos y residentes, como contempla la Ley General de la Sanidad y la de Salud Pública, al margen de su afiliación a la Seguridad Social.
Precisamente, con la aprobación este pasado jueves del decreto de reforma sanitaria, los inmigrantes 'sin papeles' se quedarán sin asistencia sanitaria, salvo en casos de urgencia o maternidad.
En este sentido, Llamazares especifica en la moción su petición al Gobierno por que se respeten los derechos humanos de los inmigrantes y, entre ellos, su derecho a la salud que "nada tiene que ver" con la mejora de gestión que evite el turismo sanitario.
EN CONTRA DEL COPAGO
Es más, insiste en que el Gobierno debe mantener y mejorar la financiación general con cargo a impuestos del Sistema Nacional de Salud (SNS), renunciando a nuevos repagos o "impuestos a los enfermos o discapacitados", así como la exclusión de colectivos desfavorecidos, que establece dicho decreto de reforma sanitaria.
Por otro lado, reclama al Gobierno que utilice los márgenes de ahorro y eficiencia del SNS, en materias como el gasto farmacéutico, la evaluación de tecnologías, el desarrollo de la central de compras o la simplificación de los sistemas de aseguramiento, entre otros aspectos.
Referente al Pacto de Estado por la Sanidad, quiere que las modificaciones legales que éste conlleve se realicen mediante el trámite legislativo, que evite la degradación de las enmiendas y las modificaciones parlamentarias en correciones de errores, como ha sucedido con este decreto ley sanitario.
LA SANIDAD ES PÚBLICA Y UNIVERSAL
Así las cosas, Llamazares argumenta que la sanidad pública debe seguir siendo "universal y de calidad", ya que ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar en estos últimos 25 años.
A su juicio, algunas de las disposiciones aprobadas en dicho decreto ley pueden conducir a un nuevo modelo en el que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser "un privilegio" para aquellos que puedan pagársela, dejando al resto en un modelo similar "al de la antigua beneficiencia".
De hecho, insiste en que una reforma de estas características no puede desarrollarse sin una evaluación previa del impacto que pueda tener en el conjunto de la población y, en especial, en colectivos vulnerables, como es el de la mayoría de los pensionistas, los inmigrantes en situación irregular, las personas con discapacidad física necesitados de prótesis o los pacientes con enfermedades crónicas.
Finalmente, reitera que al "imponer" el copago farmacéutico a los pensionistas se ha optado por "la peor decisión" posible porque penaliza a un colectivo "muy desfavorecido" económicamente y con una salud muy precaria. "No es aceptable la imposición a las personas con incapacidad física el copago de las prótesis que utilicen, incluidas las piernas ortopédicas y las sillas de ruedas, dificultando su integración social y laboral.
