MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para que el Gobierno amplíe la protección socio-laboral de las personas que donan un órgano en vida, de modo que puedan acceder a permisos antes y después del trasplante y estén protegidos ante un posible despido durante ese proceso.
"Los donantes vivos arriesgan su vida por ayudar a otros, aunque eso conlleva complicaciones y no está exento de mortalidad. Por eso queremos que el Gobierno se haga cargo de cambiar la ley y proteja a los más generosos de este sistema", ha defendido Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos y autor de dicha iniciativa.
Esta situación ya ha sido reclamada desde hace un año por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y los Ministerios de Sanidad y Empleo se comprometieron entonces para garantizar la protección laboral de estas personas durante las pruebas y estudios de compatibilidad previos al trasplante, así como durante la posterior recuperación.
De hecho, el entonces director de esta institución, Rafael Matesanz, pidió en marzo del año pasado una protección similar a las que tienen las mujeres durante el embarazo y postparto, para evitar que estos donantes tengan problemas en sus puestos de trabajo por este motivo.
Sin embargo, según ha denunciado la diputada del PSOE Miriam Alconchel, ya ha pasado un año y "mucha gente se siente frustrada por la inacción del Gobierno en este sentido".
Por ello, en la propuesta transaccionada por ambos partidos piden al Gobierno que la donación de un órgano en vida se considere una causa de incapacidad temporal y esté cubierta por las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes durante todo el proceso médico necesario, incluida la posterior convelecencia hasta que el donante recupera su plena capacidad laboral.
Asimismo, Ciudadanos también pedía la posibilidad de declarar nulos los despidos que tengan lugar durante el año siguiente al proceso siempre que se pueda achacar a consecuencias de la donación.
"La tónica general es que luego el despido se declare improcedente pero no nulo, por eso pedimos todas las modificaciones legislativas necesarias para que una incapacidad laboral por donación de vivo nunca pueda ser causa de despido", ha apostillado Alconchel.
La diputada 'popular' María del Mar Blanco ha defendido que el Gobierno lleva un año trabajando en la elaboración de una propuesta normativa que amplíe esta protección, algo que han confirmado a Europa Press fuentes de la ONT, que aseguran que los ministerios de Empleo y Sanidad ya han iniciado los contactos para dar una solución a este problema.
