MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso ha pedido al Gobierno que traslade al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) casos como el de las clínicas iDental, denunciadas por "irregularidades" en su cierre, para que se mejoren los procedimientos de acreditación y supervisión de centros sanitarios así como de la
publicidad que se emita desde ellos.
Además, ha pedido la intervención de la Agencia Española de Protección de Datos, para que en el marco de sus competencias y
previa coordinación con las plataformas y asociaciones de afectados por iDental, proporcione información a los clientes sobre de sus derechos en materia de tratamiento de los datos de carácter personal.
El órgano también quiere que la agencia investigue la adecuación a la normativa de sobre la inclusión de los afectados por estas clínicas en listas de morosos, iniciando en su caso el correspondiente procedimiento sancionador a fin de ordenar la cesación de los tratamientos e datos
contrarios la LOPD y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.
Todas estas iniciativas pertenecen a una proposición no de ley de Ciudadanos que ha contado con el respaldo unánime de la Comisión. En dicha iniciativa, también se llama al Gobierno a iniciar conversaciones con los afectados para "trasladarles toda la información precisa" para que puedan ejercer la defensa de sus derechos ante los responsables de consumo y sanitarios de las Comunidades Autónomas.
NO QUIEREN BUSCAR POSIBLES RESPONSABILIDADES ENTRE CCAA
Del mismo modo, proponen la puesta en marcha de un procedimiento de arbitraje, a fin de que los afectados por iDental puedan resolver los conflictos habidos, tanto con las clínicas como con las entidades prestamistas, a través de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, en coordinación con las diferentes juntas arbitrales de consumo de ámbito autonómico.
Finalmente, la propuesta 'naranja' reclamaba constituir una mesa de expertos independientes para determinar si con este caso se ha ha podido concurrir responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas obligadas a efectuar labores de inspección y supervisión en el ámbito sanitario. Sin embargo, este punto no ha contado con el respaldo mayoritario, ya que PP y PSOE han votado en contra.
