MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a que presente una modificación legislativa para autorizar a los fisioterapeutas al uso, indicación y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión y siempre que estos no estén sujetos a receta médica.
La petición, que ha sido aprobada por unanimidad por todos los grupos, responde a una iniciativa del Grupo Popular y a una "demanda histórica" de estos profesionales desde que en la actual ley del Medicamento, aprobada en 2006, no se incluyera este colectivo.
Sin embargo, los grupos consideran que su capacidad de prescripción es "razonable" y "resulta viable" después de que los nuevos títulos de grado en Fisioterapia contemplen la adquisición de conocimientos para uso de medicamentos y productos ortoprotésicos y sanitarios, lo que "los cualifica en este ámbito de actuación".
La diputada de CiU, Conxita Tarruella, ha apoyado la iniciativa pero confía en que ésta "no genere falsas expectativas" como sucedió con la prescripción enfermera, todavía en fase de desarrollo pese a haberse aprobado en el Congreso hace casi cuatro años.
También ha pedido más celeridad en el desarrollo de la prescripción fisioterapeuta la diputada socialista Pilar Grande, quien además ha avanzado que próximamente van a presentar una proposición no de ley relacionada con "la otra gran reivindicación" de estos profesionales, como es su inclusión en el Cuerpo Sanitario de las Fuerzas Armadas.
La Comisión de Sanidad ha dado también luz verde por unanimidad a otra iniciativa del PP para agilizar las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos sujetos a reservas singulares mediante visado, un mecanismo empleado por las administraciones para controlar y autorizar con carácter excepcional el uso de determinados fármacos.
El objetivo de la Cámara Baja es que el Gobierno realice una propuesta al respecto en un plazo de seis meses, aprovechando las buenas prácticas de las comunidades autónomas que obtienen los mejores resultados de tiempo y calidad en gestión.
Según ha defendido la diputada 'popular' Andrea Fabra, la petición vistados genera una "carga burocrática" para los profesionales sanitarios y, además, suelen provocar dilaciones temporales en el acceso del paciente al tratamiento, así como desplazamientos a los centros asistenciales "que no siempre resultan sencillos de acometer para los enfermos y sus familiares".
La diputada del PSOE Guadalupe Martín, no obstante, ha recordado que la agilidad en la dispensación de estos visados varía de unas comunidades a otras y ha incidido en que, en algunos casos, se está dificultando el acceso a estos procedimientos para restringir el gasto farmacéutico, como ha asegurado que sucede en la Comunidad de Madrid.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, por su parte ha calificado la propuesta del PP como una "iniciativa de incienso al Gobierno" y ha avisado de que "se pueden meter en un buen lío" con la misma.
Por contra, la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja ha rechazado sendas proposiciones no de ley para que se reconociera la especialidad de Enfermedades Infecciosas y se creara la especialidad de Embriología y Genética Clínica.
LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD, NUEVAMENTE A DEBATE
Durante la Comisión de Sanidad también se han rechazado dos iniciativas de Izquierda Unida (IU) y Unión Progreso y Democracia (UPyD) contra los modelos de gestión sanitaria privada que están impulsando algunas comunidades.
El diputado de IU Gaspar Llamazares ha asegurado que, tras la reforma de Ana Mato, hay comunidades que "huyen hacia adelante" con "nuevos modelos sanitarios más opacos y menos eficientes" que, a su juicio, deben evaluarse ya que "en muchos casos buscan ocultar déficit público".
Por su parte, la portavoz de UPyD Rosa Díez ha reconocido que, aunque no desechan la colaboración publico-privada, es necesario que se presenten "estudios técnicos que evalúen su eficacia".
Ante estas afirmaciones, el portavoz 'popular' Manuel Cervera ha defendido que "la gestión privada es legal y, en cualquier caso, es reversible". Además, considera que ante cualquier modelo de gestión "debe haber un control público".
De igual modo, ha recordado que los hospitales de gestión privada "tienen transparencia de sus indicadores de gestión". "Deberíamos hablar de calidad de prestación o de índices de satisfacción, porque en estos hospitales el ciudadano está muy contento con los servicios que se le dan".
