MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso debatirá en la sesión del Pleno de la próxima semana las enmiendas a la totalidad que PP y Vox han presentado contra la proposición de ley socialista para reformar el Código Penal y penalizar el acoso ante las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
La iniciativa socialista propone un nuevo artículo que castigue con la pena de prisión de tres meses a un año, o de trabajos en beneficio de la comunidad, a quienes "hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".
Tanto PP como Vox votaron en septiembre en contra de la toma en consideración de esta iniciativa en la Cámara baja y, por tanto, a que el texto fuera tramitado en las Cortes, alegando en ambos casos que la normativa actual ya recoge este tipo penal.
En el texto de la enmienda de los 'populares', al que ha tenido acceso Europa Press, los de Casado apuntan en primer lugar a la "falta de oportunidad" de esta propuesta, que consideran un nuevo intento de los socialistas de "utilización sectaria" de las instituciones y del ordenamiento jurídico para ponerlo al servicio de intereses "partidistas" e "incluso privados".
CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y REUNIÓN
A juicio del PP, el PSOE usa el "pretexto" de "garantizar el acceso de las mujeres que quieren abortar en clínicas privadas" para considerar "hostigamiento y coacción" la "participación pacífica en reuniones en las proximidades" de estos centros que, además, "ofrecen información a las mujeres gestantes". Para los 'populares' se trata de una limitación de derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión.
En segundo lugar, ven "desorbitado" el establecimiento de un nuevo tipo penal "con esta finalidad". Por un lado, dice el PP, "obvia fundamentos básicos del Derecho Penal", como el principio de intervención mínima, y por otro "podría entrar en colisión con derechos fundamentales consagrados" de la Constitución.
"Nos encontramos ante una reforma innecesaria, reiterativa, pues el Código Penal ya protege frente a las amenazas y coacciones, tipificando dichas conductas y castigando de manera suficiente a quien resulte probado que, actuando con violencia e intimidación, impide que alguien pueda ejercer libremente un derecho que tiene reconocido", indica el texto registrado.
Para el PP, esta ley "no va de garantizar libertades de las mujeres o de mejorar su protección", sino de "seguir construyendo un nuevo ordenamiento jurídico pensando, no en el interés general, sino al servicio de una ideología, con derechos selectivos en función de quien quiera ejercitarlos".
NO ES COACCIÓN
Vox, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación, también ha presentado una enmienda a la totalidad a esta norma.
En el debate de toma en consideración, la portavoz del partido en esta materia, María de la Cabeza Ruiz, defendió la labor de los grupos provida que están ante las clínicas abortivas y que, explicó, han ayudado a salvar la vida de "5.200 niños" que "estaban desahuciados" en "5 años".
La diputada apuntó que esta iniciativa es consecuencia de los intereses económicos de las clínicas y recordó a los socialistas que el delito de acoso "ya existe" y está clasificado "dentro del delito de coacciones".
Además, explicó que, a su juicio, lo que ocurre ante estos centros no es coaccionar porque "no están impidiendo" que las mujeres entren a abortar, ni se ejerce la fuerza, la violencia o la intimidación como, ha apuntado, haría falta para la comisión de este delito. Si esto ocurriera, explicó, "habría condena" y "si hubiera condena" su formación estaría en contra de cualquier acoso al que fuera sometida una mujer "fuera por el motivo que fuera".
