MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Congreso de los Diputados votará hoy la convalidación o derogación del Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico anunciado hace casi un mes por la titular de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, con el Gobierno prevé conseguir un ahorro de unos 1.500 millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud (SNS) gracias a un cambio del actual sistema de precios de referencia de los medicamentos y a una rebaja del precio inicial de los genéricos.
Tras ser presentado a las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial y ser aprobado en Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo, el texto concluirá su tratamitación de urgencia con el objetivo de que las medidas que establece y su consiguiente reducción del gasto pueda hacerse efectiva de manera inmediata.
Para ello, durante todo este tiempo el departamento de Trinidad Jiménez se ha ido reuniendo con los distintos grupos parlamentarios a fin de obtener "el mayor consenso político posible, pese a la oposición que ha encontrado por parte de la industria farmacéutica, sobre todo los fabricantes de genéricos, y las oficinas de farmacia.
En lo que respecta a la reforma del sistema de precios de referencia de los medicamentos financiados por el SNS, el Gobierno propone que el precio para las diferentes presentaciones de un mismo principio activo se calcule a partir del coste por tratamiento y día más barato, y no con el promedio de los tres más baratos como hasta ahora. Con esta medida se estima un ahorro de 888,67 millones de euros anuales, y no 916 millones como Sanidad calculó en un principio.
Por otro lado, el precio industrial de los medicamentos genéricos financiados por el SNS se reducirá en una media del 25 por ciento y un máximo del 30 por ciento, de forma progresiva teniendo en cuenta la diferencia porcentual existente entre el precio de venta al público, impuestos incluidos, y el correspondiente precio de referencia, con el fin de "perjudicar menos a los medicamentos con menor precio".
Asimismo, también se prevé la reducción en un 30 por ciento del precio industrial de los medicamentos genéricos no incluidos en el sistema de precios de referencia, con lo que se pretende conseguir en total un ahorro de 258,04 millones de euros, cuando las previsiones iniciales eran de 317 millones anuales.
Estas medidas se complementan con una adicional, no recogida en el Real Decreto Ley al no precisar de modificación legal alguna, que supone el establecimiento de una política de precio seleccionado para algunos grupos de medicamentos considerados de "uso común y con muchos proveedores", tales como analgésicos o antipiréticos entre otros, que permitirá un ahorro estimado de 360 millones de euros anuales.
DESCUENTOS Y MEJORES MÁRGENES PARA LAS FARMACIAS
Por otro lado, el texto que aprobará hoy el Congreso incluye también una regulación más precisa de los descuentos por pronto pago o por volumen de compras que realicen los distribuidores y la industria a las farmacias, fijando un un máximo de un 5 por ciento para los medicamentos financiados por el SNS, ampliable hasta un 10 por ciento en el caso de medicamentos genéricos.
Asimismo, para compensar algunas de estas medidas, la norma incluye también una modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, para establecer mayores márgenes fijos para los medicamentos de mayor precio, al tiempo que se modifica la escala de aportaciones por volumen de ventas de las oficinas de farmacia.
De este modo, las farmacias que menos facturan pagaran menos e, incluso, un gran número de farmacias dejaran de pagar, mientras que las que tienen la facturación más elevada aumentaran su aportación al sistema. Sanidad prevé que hasta un 98 por ciento de las farmacias españolas bajarán su aportación.
Pese a todo, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) criticó la semana pasada estas medidas asegurando que a cada establecimiento le supondrá unos 1.470 euros de perdidas mensuales e incluso podría poner en peligro entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo en el sector, entre titulares y empleados de estos establecimientos.
De hecho, y ante estos perjuicios, el presidente de esta entidad, Fernando Redondo, anunció que presentarán una queja ante el Defensor del Pueblo para que solicite un recurso de amparo contra el citado Real Decreto Ley que, a su juicio, supone también "una conculcación de derechos fundamentales" del ciudadano y perjudicará sobre todo a las zonas rurales, donde muchos medicamentos de diagnóstico hospitalario dejarán de venderse en las farmacias para restringirse al ámbito hospitalario.
