MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la Ley General de Salud Pública que garantiza la universalización de la sanidad pública, es decir, la sanidad a todos los españoles, al mismo tiempo que regula la profesión del psicólogo sanitario, hasta ahora no reconocida.
La norma, que fue aprobada la pasada semana en el Senado, establece que tendrán la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo General Sanitario aquellos licenciados/graduados en Psicología cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario, siempre que, además del mencionado título universitario, ostenten el título oficial de Máster en Psicología General Sanitaria.
Su cometido se centrará en la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas actividades no requieran una atención especializada por parte de otros profesionales sanitarios.
La necesidad de crear esta formación sanitaria específica para los psicólogos quedó recogida en la Ley de Economía Social, que establecía un plazo de doce meses desde su entrada en vigor para remitir a las Cortes un proyecto de ley que regulase su actividad y definiese las condiciones de acceso a dicha profesión.
Tras su inclusión en esta ley, el Gobierno tendrá seis meses desde su publicación en el BOE para establecer las condiciones generales a las que se ajustarán los planes de estudios para la obtención del citado Máster en Psicología General y la planificación de sus enseñanzas en el ámbito de todo el Estado.
SANIDAD PÚBLICA PARA TODOS
Por otro lado, entre las novedades que introduce esta ley también destaca la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), a fin de extender el derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no se les reconoce en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico.
Actualmente, hay cerca de 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la sanidad pública en España, tanto parados que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo como a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.
En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea efectiva a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, el Senado ha acordado que en un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma se reglamentará cuándo y cómo se hará efectiva dicha extensión de derechos.
