Archivo - Imagen de recurso de un hombre con problemas de salud mental. - INTERNATIONAL SOS - Archivo
MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Salud Mental España ha celebrado la entrada en vigor de la Ley 4/2026 que detalla en un nuevo artículo cómo deben ser las intervenciones sanitarias y asistenciales en salud mental para garantizar el respeto a los derechos de las personas con problemas de salud mental.
Según destaca, el nuevo texto pone en el centro a la persona y establece que las intervenciones deben basarse "en el consentimiento libre e informado, conforme a la legislación sobre autonomía del paciente, y respetar los deseos, voluntad y preferencias de la persona".
La norma establece que se han de evitar las intervenciones involuntarias protocolizadas sin evaluación individual, el mantenimiento injustificado de medidas involuntarias y su utilización con carácter punitivo o disciplinario.
También establece que las sujeciones o contenciones mecánicas solo deben considerarse en situaciones excepcionales. Amplía, además, las pautas para determinar cómo se deben aplicar los ingresos involuntarios, recogidos ya en una ley de rango superior como es la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 763), que requerirán autorización judicial previa, salvo cuando razones de urgencia hagan necesario el ingreso inmediato.
"Somos conscientes de que esta normativa está despertando incertidumbre entre algunos sectores especialmente vinculados a la práctica diaria, pero debemos valorar este avance como la extensión de la protección a personas con problemas de salud mental en las situaciones en las que más vulnerables se encuentran, es una cuestión de derechos para ellas y para cualquier persona que pueda verse en una situación similar", ha apuntado el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González.
"Vamos a colaborar y a apoyar al Ministerio para que esta normativa, que llevamos años reivindicando desde la Confederación, se desarrolle con todas las garantías necesarias para todas las partes implicadas", ha añadido.
Según el informe 'La situación de la salud mental en España', publicado en 2023 por la Confederación Salud Mental España y la Fundación Mutua Madrileña, el 60,1 por ciento de las personas con un diagnóstico de salud mental ha sido ingresado de forma involuntaria, mientras que un 40,3 por ciento recibió poca o ninguna información clara, suficiente y comprensible sobre su trastorno.
La confederación recuerda que lleva años denunciando el impacto negativo del uso de medidas coercitivas en el marco de la atención a la salud mental y reivindicando un modelo comunitario y basado en los derechos humanos.
