MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Estatal de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha exigido cambiar el borrador del nuevo catálogo ortoprotésico y ha instado al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a consensuarlo con el movimiento asociativo de la discapacidad.
"No es de recibo aprobar un catálogo ortoprotésico que los representantes de sus beneficiarios no comparten y que supone un paso atrás en la calidad de vida de las personas con discapacidad y en la prevención del empeoramiento de su estado de salud. Por eso, exigimos que se incorporen las alegaciones que estamos realizando desde el sector de la discapacidad", ha comentado el presidente de COCEMFE, Mario García.
Además, ha rechazado que se obligue a aportar el cien por cien del coste del producto cuando éste supera el máximo de financiación fijado en el catálogo y que se haya reducido este máximo en algunos productos con respecto al anterior catálogo, del año 2000. Y es que, tal y como ha explicado la organización, el borrador recoge importes máximos de financiación como 352 euros para una silla de ruedas ligera o 2.912 euros para una silla de ruedas eléctrica estándar y si el usuario requiere un producto de gama superior se vería obligado a abonar íntegramente el coste del producto, en lugar de pagar sólo la diferencia como se ha hecho hasta ahora.
Además, prosigue, se incrementa de forma generalizada la vida útil de determinados productos ortoprotésicos, doblándola en muchos casos, lo cual obligaría a los usuarios de los mismos a tener que esperar más tiempo para poder renovarlos. "No contempla que, según las circunstancias de cada persona, el mismo producto va a requerir su renovación con mayor o menor periodicidad. Por ejemplo, establecer cinco años para la renovación de una silla de ruedas eléctrica infantil, en pleno periodo de crecimiento, es un disparate, al igual que no tener en cuenta otros factores como la edad o el tipo de vida que lleva cada persona para fijar la duración de los productos", ha apostillado García.
PIDEN AL GOBIERNO MODIFICAR LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Del mismo modo, los consejeros y consejeras de COCEMFE han destacado la necesidad de que el Gobierno cumpla con su compromiso de modificar la Ley de Propiedad Horizontal antes de que acabe la legislatura para eliminar las trabas actuales para realizar obras de accesibilidad.
Además, en relación a la sentencia del Tribunal Supremo que anula las subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal, el Consejo Estatal de COCEMFE ha reconocido la solución que el Gobierno ha adoptado para los próximos años, al tiempo que ha mostrado su preocupación por las subvenciones del 0,7 por ciento de IRPF si el Supremo dicta una sentencia en el mismo sentido.
Y es que, recalcan, COCEMFE y sus entidades reciben más de 8 millones de euros para desarrollar proyectos imprescindibles, dirigidos a la prestación de servicios de atención directa a personas con discapacidad, la construcción y/o rehabilitación de centros de atención al colectivo, la creación de empleo, la atención integral a mujeres con discapacidad, la realización de estudios, jornadas, investigaciones y publicaciones sobre discapacidad, así como proyectos de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales.
En cuanto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra el copago confiscatorio en dependencia, promovida por el CERMI y que finaliza el 2 de diciembre, el Consejo Estatal de la entidad ha subrayado la participación activa de las organizaciones miembros de COCEMFE que, junto al resto de organizaciones del CERMI, permitirá superar ampliamente las 500.000 firmas necesarias para su presentación en el Congreso de los Diputados.
El Consejo ha mostrado también su apoyo al Manifiesto de personas con enfermedades renales elaborado por la Federación Nacional ALCER para que las Administraciones Públicas tengan en cuenta las necesidades y reivindicaciones de los afectados en el desarrollo de las políticas sanitarias.
De igual modo, este órgano ha expresado solidaridad con las personas refugiadas con discapacidad y ha reivindicado un trato igualitario para ellas, sin discriminación, y que las instituciones cuenten con las organizaciones del sector para asegurar el enfoque inclusivo de la discapacidad en las estrategias públicas de acogida de personas refugiadas.
