Archivo - Imagen de archivo de ConELA en el Congreso de los Diputados. - CONELA - Archivo
MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) ha solicitado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que impulsen y aprueben, con el más amplio consenso posible, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
La petición se produce en la fase de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. ConELA considera que este es un momento clave para reforzar el texto e incorporar aquellas mejoras que permitan garantizar una atención "realmente adecuada" a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, "especialmente a quienes conviven con enfermedades de alta complejidad como la ELA".
ConELA comparte el llamamiento realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para que la reforma avance y sea aprobada con un "acuerdo amplio" entre los grupos parlamentarios.
La entidad considera que el texto desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución, culmina una actualización legislativa "largamente esperada" y abre una "oportunidad decisiva" para reforzar los derechos, la inclusión, la autonomía y la accesibilidad de las personas con discapacidad, así como para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.
La Confederación valora que el proyecto, enriquecido durante su tramitación por las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, incorpore "avances relevantes" para "consolidar una atención más centrada en la persona, reforzar los apoyos para vivir en el entorno elegido y mejorar la coordinación entre los sistemas sanitario y social".
"La aprobación de esta reforma debe servir para eliminar los obstáculos que todavía impiden que los derechos reconocidos por la Ley ELA se traduzcan en apoyos reales para las personas y sus familias. No podemos permitir que el copago, la falta de asistencia personal o las desigualdades entre territorios sigan condicionando el acceso a unos cuidados imprescindibles", ha afirmado el presidente de ConELA, José Jiménez.
TRES MEJORAS ESENCIALES
Por ello, la Confederación reclama la eliminación de la participación económica de las personas usuarias prevista en el artículo 31 de la Ley de Dependencia, al menos cuando se trate de apoyos imprescindibles para garantizar la vida autónoma, la permanencia en el domicilio y los cuidados de alta intensidad. ConELA considera que ninguna persona debe verse obligada a reducir las horas de atención que necesita, renunciar a una prestación o abandonar su hogar por no poder asumir el coste de unos cuidados que constituyen un derecho subjetivo.
"Esta cuestión adquiere una gravedad singular en las fases avanzadas de la ELA, cuando la necesidad de asistencia continuada, productos de apoyo, adaptación del domicilio y cuidados profesionales puede implicar costes extraordinarios. "La dependencia no puede convertirse en una causa de empobrecimiento para las personas enfermas y sus familias", señala ConELA.
En segundo lugar, la entidad pide que la asistencia personal sea reconocida no solo como una prestación económica, sino como un "auténtico servicio garantizado" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de provisión pública o garantizada públicamente.
Para ConELA, la asistencia personal debe ser un servicio "profesional, accesible, flexible y suficiente", capaz de adaptarse a la evolución de cada persona y de proporcionar los apoyos necesarios en cada momento. "La libertad de elegir vivir en el propio domicilio, subraya la Confederación, solo será real cuando los apoyos profesionales estén disponibles, sean compatibles entre sí y cuenten con financiación suficiente", sostiene.
En tercer lugar, ConELA reclama una "pasarela efectiva" entre dependencia y discapacidad, sin excluir sus efectos fiscales. La entidad valora positivamente que la reforma prevea la asimilación de las personas en situación de dependencia a la condición legal de persona con discapacidad, pero considera injustificado que ese reconocimiento no despliegue efectos en el ámbito tributario.
"No existe razón de equidad para reconocer administrativamente que una persona con dependencia tiene una discapacidad del 33 por ciento o del 65 por ciento, según el grado reconocido, y al mismo tiempo negarle los beneficios fiscales vinculados a esa condición", sostiene ConELA, que añade que las personas con dependencia y sus familias afrontan sobrecostes materiales, personales y económicos que justifican una protección fiscal equivalente.
