Imagen de la presentación del informe. - CONELA
MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) ha denunciado, coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación de la Ley ELA, la "grave asimetría y fragmentación territorial" en su aplicación por parte de las comunidades autónomas.
La entidad advierte de que los adelantos económicos que deben asumir las familias, la incompatibilidad con determinadas prestaciones familiares y la falta de fisioterapia pública dificultan que las ayudas lleguen de forma efectiva a los domicilios.
Según el '2º Informe de Evaluación de la Implementación Ley ELA' presentado en el Congreso de los Diputados, aunque el marco estatal consolidó un nivel mínimo garantizado de 4.930 euros mensuales y elevó hasta los 9.859 euros las ayudas para el Grado III+ de dependencia extrema, la llegada real de estos fondos sufre "bloqueos heterogéneos" según el lugar de residencia.
En este sentido, el estudio revela que el 35,29 por ciento de las comunidades autónomas exige a las familias adelantar el coste de los servicios y esperar al reembolso tras presentar las facturas. Esto supone pagar entre 3.200 y 9.859 euros mensuales de su propio bolsillo antes de recibir la subvención, una barrera que, según el informe, deja fuera del sistema a los hogares sin ahorros previos. En cambio, 11 autonomías protegen la liquidez familiar mediante pagos anticipados o la cesión del cobro a las empresas prestadoras.
Asimismo, ConELA alerta de que en la gran mayoría de los territorios el acceso a las prestaciones del Grado III+ se declara incompatible con la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF). Esta situación, apunta, obliga a muchas familias a rechazar las nuevas ayudas para evitar que la persona cuidadora principal pierda su convenio especial con la Seguridad Social y sus cotizaciones para la jubilación.
Además, denuncia la rigidez en las titulaciones exigidas a los asistentes personales, ya que la mayoría de las regiones no aplica periodos de gracia transitorios para formar a los cuidadores habituales. El informe subraya que las empresas convencionales de ayuda a domicilio carecen de personal capacitado para manejar soportes vitales invasivos, ventilación mecánica o nutrición por sonda, obligando en muchos casos a las propias familias a instruir a las auxiliares.
Respecto al copago, 11 de las 17 comunidades han asumido su supresión formal en el Grado III+, mientras que territorios como Cataluña, Canarias, Álava o Murcia mantienen deducciones vinculadas a la renta o al régimen ordinario.
La confederación también critica el incumplimiento sistemático de la cartera común de fisioterapia domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud. Según los datos recopilados, Cataluña es la única comunidad con cobertura pública regularizada (dos horas semanales), mientras que en el resto de España las familias dependen íntegramente del tejido asociativo.
