MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha denunciado este lunes la deuda que las administraciones autonómicas mantienen con este sector, al que adeudan cerca de 860 millones de euros procedentes de los conciertos que la sanidad pública mantiene con muchos centros privados para la derivación de determinados pacientes.
Según datos de un estudio realizado con 75 hospitales privados españoles, la deuda de las comunidades a fecha de 31 de diciembre de 2010 ascendía a 688 millones de euros. Sin embargo, y como ha explicado el presidente de esta entidad, Gabriel Huguet, en declaraciones a Europa Press, el cobro de los conciertos ha empeorado en lo que va de año y la deuda real podría rondar los 860 millones de euros.
Además, el periodo medio de cobro ha ido aumentando en los últimos años hasta el punto de que, si antes de la crisis, tardaban "apenas 60 días" en ajustar cuentas con la Administración, en 2010 la espera se alargaba una media de 160 días y, en lo que va de año, cerca de 200.
Las comunidades con un mayor periodo medio de pago con los hospitales encuestados, en diciembre de 2010, eran Extremadura con un 292 días de demora, Madrid (271 días), Comunidad Valenciana (267 días), Castilla-La Mancha (263 días) y Castilla y León (227 días).
A estas le siguen La Rioja (163 días), Murcia (135 días), Andalucía (129 días), Baleares (116 días), Galicia (109 días), Asturias (105 días), Canarias (101 días), mientras que las que tenían un mejor periodo medio de cobro eran País Vasco (53 días), Cantabria (83 días) y Cataluña (93 días).
Por ello, urge a las comunidades a que "tomen las medidas oportunas" para resolver dicha situación ya que este retraso continuado en el pago por parte de la Administración está provocando "graves tensiones de tesorería" a los centros hospitalarios lo que "pone en riesgo la viabilidad económica de ciertos centros sanitarios".
"Aunque es un sector que no sufre con tanta crudeza la crisis, hay centros que no pueden asumir un periodo medio de cobro de casi 300 días, por lo que puede que haya algunos que se vean obligados a dejar de trabajar con la Administración", asegura Huguet.
