Actualizado 29/04/2010 18:09 CET

Las Comunidades Autónomas tienen una deuda de 3.000 millones de euros en tecnología sanitaria

El Sector Español de Tecnología Sanitaria solicita al Gobierno que aplique el IVA superreducido a todos los productos sanitarios

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas suman una deuda de 3.000 millones de euros en tecnología sanitaria aplicada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y más de nueve consejerías de Sanidad superan la media de días de retraso en el pago que se encuentra en 280 días, según Margarita Alfonsel, secretaria general de Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN).

Según el informe trimestral sobre la deuda de las CCAA de Fenin, al que ha tenido acceso Europa Press, la comunidades que más demora en el pago tienen, "llegando a rozar los dos años de retraso", son Cantabria (657 días de demora) y Murcia (617), las siguen por encima de la media Baleares (542), Castilla y León (430) y Andalucía (420), Castilla-La Mancha (382), Comunidad Valenciana (333) y Asturias y La Rioja con 287 días de retraso, en ambos casos.

Por el contrario, las comunidades con menos retraso son: Navarra (53), País Vasco (93), Galicia (112), Extremadura (113), Canarias (135), Asturias (145), Madrid (210) y Cataluña (217), y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (52).

"En las comunidades más tradiciones hemos visto una aminoración de los plazos de pagos medios porque la deuda era más moderna, sin embargo en comunidades más nuevas que han tenido la trasferencias sanitaria posteriormente y que, hasta hora no habían tenido problemas en el pago, se observa la tendencia a aplazar el pago", explicó. No obstante, recordó que comunidades como Cantabria, Murcia o Baleares que tienen unas medias de pago "altísimas" no tienen volúmenes de deuda tan alto como otras comunidades.

En cuanto al volumen de deuda, teniendo en cuenta que los datos recogen hasta el 31 de marzo, las comunidades con un porcentaje mayor de la deuda eran Andalucía (24,22%), Comunidad Valenciana (12,36%), Madrid (11,47%), Castilla y León (9,95%), Murcia (7,64%), Cataluña (6,98%), Castilla-La Mancha (6,27%), Aragón (4,19%), Baleares (3,30%), Cantabria (2,93%), Galicia (2,81%), Canarias (2,20%), País Vasco (1,94%), Asturias (1,38%), Extremadura (1,24%), La Rioja (0,68%), Navarra (0,38%) y la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,07%).

"Estamos en un momento alarmante de morosidad de las comunidades", explicó Alfonsel en una entrevista a Europa Press. No obstante, "Andalucía ha pagado a comienzos de abril toda la deuda de 2008 y parte del 2009, con lo que ha mejorado con respecto a los datos que refleja el análisis trimestral de FENIN", explicó.

Así, apuntó que "existe una reunión prevista para los primeros días del mes de mayo con la Administración valenciana, donde FENIN espera encontrar una respuesta positiva". En cuanto a la situación de la Comunidad de Madrid, la secretaria general de la Federación advirtió de que "se ha deteriorado mucho últimamente, ya que si hablábamos del año pasado no alcanzaba estos niveles de deuda; pero lo cierto es que tenemos una relación muy estrecha con Madrid y sabemos que quieren solucionar la situación".

La actual situación de crisis económica y financiera está repercutiendo gravemente en las empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de tecnología sanitaria, en lo que va de año al menos cuatro empresas del sector y miembros de Fenin han tenido que cerrar.

"Estamos acostumbrados a ser cofinanciadores del SNS, es una situación habitual, lo que ocurre es que en estos momentos la situación es peor porque estamos llegando a un situación deterioro en el conjunto de todas las comunidades y porque las empresas ahora no encuentran líneas de crédito y están abocadas a cerrar", añadió.

Pese a esta situación, Alfonsel recordó que, aunque "hay un mensaje de prudencia entre las Comunidades Autónomas", todos los consejeros apuestan por dar continuidad a los objetivos propuestos en sus Planes de Infraestructuras, aunque "quizá sean más dilatados en el tiempo o tengan que buscar unas formulas diferentes a cómo están trabajando en este momento".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Ante esta situación, FENIN ha solicitado a la Secretaría de Estado de Hacienda la aplicación del IVA superreducido en todos los productos y servicios sanitarios. Además pretenden hacer llegar esta petición la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ya que creen que así las consejerías de Sanidad de la comunidades autónomas tendrían una mayor disposición de recursos.

"Habría una mayor capacidad de compra por parte de las comunidades, por lo tanto vendrían incrementados sus presupuestos y su disponibilidad de recursos para poder acceder a mayor número de productos y servicios; sería una medida de impacto", explicó Alfonsel, quien aclaró que "una sensibilidad especial" ante la propuesta por parte de los consejeros de Canarias, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha y Navarra.

Actualmente, se debe pagar el 7 por ciento de IVA para productos y en el 16 por ciento para servicios sanitarios, y la propuesta de FENIN es bajar en ambos casos al 4 por ciento, de modo que se "no se frenen las inversiones, ni los planes de infraestructuras de las comunidades que se encuentran muy avanzados".

En el caso de que fuera inviable, la Federación se plantea pedir al Gobierno el sector de infraestructuras sanitarias no se vea afectado por la subida de los tipos impositivos, de modo que "tengamos una situación de leve mejora o al manos igual".

No obstante, Alfonsel explicó que, tras la fuerte contracción económica de 2009, se están planteando nuevos modos de financiación. Para ello están trabajando con diversos bancos en la fórmula del 'factoring' que permite liberarse a las empresas de mantener los niveles de deuda, ya que las entidades financieras asumen la deuda y la empresa obtiene liquidez, "esta alternativa financiera es la solución que hay para las pequeñas empresas".

Asimismo, recordó que debería de contemplarse otras alternativas, sobre todo teniendo en cuenta el momento de crisis actual, como la colaboración público-privada, ya que "podría dar respuesta a muchos de los planteamientos de las CCAA ante esta situación de recortes presupuestarios".