MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Compromís-Equo en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha registrado una iniciativa en la que exige que el Parlamento se manifieste en contra de la exigencia de la colegiación obligatoria para el ejercicio de los profesionales sanitarios titulados con relación funcionarial con las instituciones sanitarias públicas, al considerar que el régimen de autorización ya lo presta la administración.
Se trata de una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que insta también al Gobierno a poner en marcha cuanto antes el Registro Nacional de Profesionales Sanitarios y, a partir de ese momento, realizar los trámites necesarios para la derogación de la colegiación obligatoria para el ejercicio de cualquier profesión sanitaria.
UNA DIRECTIVA DE LA UE PENDIENTE DESDE 2011
Esta propuesta, que ha sido presentada en la Cámara Baja para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, recuerda que sigue pendiente por parte del Gobierno la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Profesionales Sanitarios, en cumplimiento de la directiva europea de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.
Así, avisa de que el plazo máximo para la transposición finalizaba en octubre de 2013 y, en España, existe el mandato del establecimiento del este registro en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003, así como en el decreto ley de abril de 2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, donde se estableció una regulación mínima.
"La creación del registro es una garantía para los derechos de los ciudadanos, mejorará la calidad y la seguridad de la atención del paciente, facilitando mayor información sobre el profesional sanitario y, a la vez, contribuyendo a evitar el intrusismo profesional tal", explica el diputado valenciano.
Según detalla, la inscripción en el registro es obligatoria y tendrá carácter declarativo, para poder informar fehacientemente sobre el derecho y la aptitud para el ejercicio de la profesión correspondiente, tal y como exige la normativa europea.
Además, indica que el registro tendrá carácter público, estará a disposición de las administraciones públicas sanitarias, de los gestores y de los profesionales de la sanidad y los ciudadanos. Será un registro con soporte digital e identificará al profesional y su cumplimiento con todos los requisitos que la normativa determina para el ejercicio profesional, acreditando la aptitud necesaria, agrega el diputado de Compromís-Equo en el Congreso de los Diputados.
A su juicio, resulta "evidente" que la puesta en marcha del citado registro hará innecesaria la colegiación, al mismo tiempo que subraya que, para acceder a los puestos de trabajo en el ámbito público, sea cual fuere el tipo de nombramiento, se ha de acreditar con anterioridad estar en posesión de la titulación requerida.
"Es por ello que prever la obligatoriedad de la colegiación de los profesionales sanitarios que trabajan en la sanidad pública supone que se exige a estos profesionales duplicar los trámites y a pagar unos costes innecesarios, apartándose del mandato de simplificación administrativa que recoge la directiva", denuncia Baldoví.
Igualmente, sostiene que la obligación de colegiación restringe el derecho a la libre asociación establecido en la Constitución, que incluiría también en sentido negativo el derecho a la no asociación, como derecho fundamental recogido en la Carta Magna.
