MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Enfermería (SATSE) ha mostrado su visto bueno a las nuevas acciones que la Mesa de la Profesión Enfermera tiene previsto desarrollar cuando se publique y entre en vigor el Real Decreto que regulará el uso, indicación y autorización de medicamentos de estos profesionales, que se conoce como 'prescripción' enfermera.
El órgano de dirección del sindicato ha reconocido que con dicha norma el PP "provocará una grave inseguridad a los enfermeros, médicos y pacientes" y llevará al caos asistencial en los servicios de salud y a un enfrentamiento "sin sentido" entre los profesionales.
Ante esta situación, la Mesa de la Profesión Enfermera, formada por Satse y el Consejo General de Enfermería, tiene previsto la interposición de un recurso en el Tribunal Supremo y el envío de miles de escritos de los profesionales enfermeros al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, exigiéndole que se haga cargo de la responsabilidad patrimonial en la que podrían incurrir.
También se celebrarán asambleas y jornadas de responsabilidad civil en los centros sanitarios de todo el país; se exigirá a los gerentes sanitarios que no obliguen a los enfermeros a hacer algo en contra de lo que establece la norma del PP, y se informará a los profesionales de las graves responsabilidades disciplinarias e, incluso penales, en las que incurrirá si no cumple el RD, quedándose, además, sin la cobertura de la póliza de responsabilidad civil.
En la reunión, el presidente de SATSE, Víctor Aznar, trasladó a todos los secretarios generales autonómicos de la organización los pormenores del dictamen jurídico elaborado por un prestigioso despacho de abogados, que concluye que la normativa aprobada por el Gobierno del PP es "ilegal" y provocará una enorme inseguridad en enfermeros, médicos y pacientes.
Por otro lado, el Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato valoró positivamente el rechazo mayoritario a la modificación del Real Decreto entre los gobiernos autonómicos. En concreto, un total de 12 comunidades autónomas ya han expresado su disconformidad con la actuación del Ministerio de Sanidad, no descartando la mayoría de ellas el recurrirlo una vez entre en vigor.
