MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado prácticamente por unanimidad - 34 votos a favor y 3 abstenciones-, y una transaccional, una Proposición no de ley que insta al Gobierno a mejorar la financiación y el refuerzo en la contratación de profesionales en el ámbito de la salud mental en el sistema público de salud.
Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, y defendida por la diputada Inés Granollers i Cunillera, ha recordado que cuatro de cada diez personas en España valoran de forma negativo el estado de su salud mental, asimismo un 42% de las personas han tenido depresión en su vida y casi la mitad han sufrido ataques de ansiedad y/o pánico y el 14,5% de la población ha tenido ideas suicidas o ha intentado suicidarse.
"Desde el Grupo Parlamentario Republicanoya hace tiempo que ponemos a debate esta problemática tan importante y que afecta a tantísimas personas. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Todos los indicadores son alarmantes", ha señalado en su defensa.
Además, ha continuado, una de las problemáticas destacadas es que se viene arrastrándose durante décadas es la situación de los denominados PESTOS, Psicólogos especialistas sin titulación oficial. Son profesionales que desempeñan tareas y labores profesionales que los que sí poseen el título en Psicología Clínica. Además, ocupan plaza en el sistema sanitario público y concertado y gozan de la misma actualización formativa que los demás profesionales sí titularmente reconocidos.
A pesar de todo ello, no cuentan con una vía de acceso al mismo título que van a obtener esos residentes a los que forman. Si bien se han realizado regulaciones parciales, que han supuesto un reconocimiento de facto de algunos derechos del colectivo, entre otros el de asegurar su continuidad en el ejercicio dentro del sistema sanitario -por ejemplo, con la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias- continúa existiendo un agravio comparativo para con los integrantes del colectivo de PESTOS.
En este sentido, pues, la imposibilidad de poder obtener el título de la especialidad clínica conlleva problemas como son la movilidad, la imposibilidad de acceder a plazas fijas por parte de interinos, la falta de equiparación salarial, la restricción de los sistemas de incentivación y promoción profesional o la dificultad de acreditar los estudios y, por ejemplo, puedan publicar trabajos en revistas científicas, etc.
En su propuesta, pedía modificar, de acuerdo con las CCAA y respetando el principio de subsidiariedad y cogobernanza, la normativa vigente para facilitar el ejercicio de los profesionales titulados en psicología General en el sistema de salud pública y en particular a la red de atención primaria y que ahora está restringido a los PEPC. En concreto, eliminar el apartado cuarto de la disposición adicional séptima de Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Asimismo, pedía homologar los titulados PESTOS como PEPC vía modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, mediante la introducción de una Disposición Transitoria, "Vías de acceso al título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica".
Además de aumentar inmediatamente el número de plazas de formación sanitaria especializada PIR hasta un mínimo de 400 anuales; reconocer las nuevas especialidades de la psicología, en concreto y de manera urgente la especialidad en psicología Clínica de la Infancia y de la Adolescencia; y establecer fondos de compensación para la financiación de la red de atención en ámbito de salud mental de las CCAA con partidas consignadas anualmente por ley en los Presupuestos Generales del Estado y aumentar las plazas.
