CIUDAD REAL, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Segunda de la Audiencia de Ciudad Real tiene previsto juzgar este martes y este miércoles a un ATS de la capital, identificado por las iniciales F.J.L.F., de 46 años de edad, por un delito contra la propiedad intelectual y otro de estafa, por los que se le pide en total seis años y ocho meses de cárcel.
Según el escrito de acusaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, el hombre creó la empresa Sedcamsystem de Tratamiento de Documentación Clínica Sociedad Limitada, a través de la cual ofrecía "servicios de imposible cumplimiento" de agilización de citas hospitalarias y ambulatorias y optimización de tratamientos clínicos.
El hombre, en los logotipos que utilizaba en diferentes soportes imprimía una "S", muy similar a la utilizada por el Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) y el propio escudo de la Junta de Comunidades.
En marzo de 2008, ofreció sus servicios a una paciente que fue ingresada por Urgencias y, una vez trasladada a una habitación en planta, se ofreció a la familia para enterarse de lo que realmente le pasaba a la paciente, volviendo al poco tiempo diciendo que padecía un grave tumor de cápsula suprarrenal.
A partir de ahí, les dijo que las únicas soluciones que había era una intervención quirúrgica de gran riesgo o un tratamiento de mantenimiento, que él se dispuso a tramitar para que lo pudiera recibir en su casa.
Incluso, llegó a transmitir a los hijos que había hablado con un hospital en Pamplona y que de allí le habían comentado que el tratamiento de mantenimiento era lo más adecuado.
Con ello, pidió a la familia una cantidad superior a 25.000 euros, que le fue entregada, tras asegurar que podía conseguir una reducción en el precio total del tratamiento.
Posteriormente, les señaló que no podía haber logrado esa rebaja y les reclamó otra cantidad, que, en este caso, ascendió a más de 14.000 euros, cantidades ambas que le fue ingresada en una cuenta bancaria, de la que fue sacando diversas cantidades, hasta dejarla inoperativa.
El hombre también deberá devolver el total del dinero, más de 39.000 euros a la familia, en un caso en el que se quiere que el SESCAM, que expedientó y expulso al hombre en su día, sea declarado responsable civil subsidiario.
