Imagen de la presentación del manifiesto. - IIE
MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería de España (IIE) han presentado este lunes el 'Manifiesto sobre la Directiva CER: Compromisos y Aportaciones', un documento que subraya la importancia de la resiliencia del Estado ante las crisis en los servicios esenciales.
"El Manifiesto recoge el compromiso institucional del Cluster y del Instituto de la Ingeniería para contribuir activamente al fortalecimiento de la resiliencia nacional e impulsar espacios neutrales de cooperación entre administraciones, operadores, sociedad Civil y expertos", ha indicado el presidente del Cluster Catástrofes, Pedro Tomey, en el marco de la Directiva Europea 2022/2557 (CER).
En este sentido, Tomey ha resaltado que el Manifiesto "trasciende el ámbito técnico para reclamar que la resiliencia sea elevada a política de Estado, con consensos estables que superen los ciclos electorales".
El documento también plantea reforzar la transparencia y la rendición de cuentas tras incidentes graves, mediante investigaciones técnicas independientes y ajenas a la politización, así como impulsar la creación de un Observatorio CER de Resiliencia como espacio neutral para el seguimiento de la implantación de la Directiva, el desarrollo de indicadores de desempeño y la elaboración de informes que favorezcan la mejora continua.
Asimismo, subraya que los operadores de servicios esenciales deben integrar la resiliencia en su estrategia empresarial, incorporando sistemas de respaldo operativo que eviten fallos en cascada en infraestructuras cada vez más interconectadas.
"El año 2026 será decisivo para la aplicación de la Directiva CER y para que se convierta en una verdadera palanca del buen funcionamiento de nuestras infraestructuras y seguridad pública", ha apuntado Tomey.
Con este Manifiesto, la Asociación Cluster Catástrofes y el Instituto de la Ingeniería de España hacen un llamamiento a todos los actores públicos y privados para construir una resiliencia que proteja a las personas, fortalezca la confianza institucional y garantice el futuro y la competitividad de España en un entorno global de creciente volatilidad.
