VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha garantizado este miércoles la "cobertura básica" en Castilla y León a todos los inmigrantes en situación irregular y ha asegurado que se realizará con un espectro más amplio que cualquiera de los países europeos mientras que la bancada socialista ha reclamado que esa atención sanitaria se realice "sin condiciones" y "sin tantos matices e interrogantes".
Estos han sido los principales argumentos que han utilizado ambos grupos parlamentarios en el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de los socialistas para garantizar la "asistencia sanitaria plena y sin excepciones" a la población inmigrante en situación irregular que viva en cualquier territorio de Castilla y León, una iniciativa que no ha recibido el apoyo del Grupo Popular y sí del Grupo Mixto.
La encargada de defender esta iniciativa, la procuradora Mercedes Martín, ha apelado en todo momento a la "humanidad" en la atención sanitaria a unos inmigrantes que, según ha recordado, no son austriacos, alemanes o suecos sino que provienen en su mayoría de países extracomunitarios "muy pobres" para trabajar y generar riqueza en Castilla y León.
Martín ha advertido de que la Consejería de Sanidad tiene un discurso público y "de cara a la galería" mientras que la realidad en la atención a este colectivo está "cargada de interrogantes y de matices", entre los que ha citado si tendrán tarjeta sanitaria o no, si sus datos estarán en red o no o si está claro el circuito de derivación para especialista, prueba diagnóstica, hospitalización o intervención quirúrgica.
La procuradora socialista ha apelado a la "responsabilidad" y a la "conciencia" del consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, desde el convencimiento de que "en el fondo" le cuesta aplicar este tipo de "medidas de exclusión" por sus convicciones y por su Código Deontológico por lo que le ha animado a la "desobediencia de la buena" para mantener en Castilla y León la misma atención sanitaria que se prestaba hasta el mes de septiembre a todos los inmigrantes sin retirar las tarjetas a este colectivo, en una decisión que ha tildado de "injusta" e "ineficaz" y que no ahorrará tanto como se presupone.
Desde las filas 'populares', el procurador Jerónimo García Bermejo ha reiterado que ningún ciudadano extranjero dejará de ser atendido en los centros sanitarios de Castilla y León y que todos tendrán acceso a las consultas y pruebas de Atención Primaria.
FIN A LOS ABUSOS
"Nadie dejará de ser asistido lo que se modifica es la norma de aseguramiento sanitario", ha aclarado García Bermejo, que ha defendido que con el cambio normativo del Gobierno de la nación se pondrá fin a los "abusos del turismo sanitario" de los que ha responsabilizado en buena medida al anterior Ejecutivo socialista por una "negligente" trasposición de una Directiva Europea.
Por parte, del Grupo Parlamentario Mixto, su portavoz, José María González, de IU, ha apoyado una propuesta que no quiere "ciudadanos de cuarta categoría" al mismo tiempo que ha defendido una atención sanitaria para unos inmigrantes que no llegan a Castilla y León para hacer turismo sino para trabajar, aunque sea de forma ilegal. "De su trabajo se enriquecen algunos porque no tienen las mismas condiciones laborales", ha recordado al respecto.
González ha instado además a mirar por la salud de todos ya que al retirar la tarjeta sanitaria al colectivo de irregulares se les fuerza a acudir a urgencias por lo que se va a saturar ese servicio y se pondrá "en riesgo" la salud de todos. "Al final no irán a ser atendidos sanitariamente", ha augurado el procurador por IU al que se ha sumado la proponente.
El portavoz del Grupo Mixto ha sumado a este "trato inhumano" a una buena parte de la población inmigrante el 'copago' de los medicamento en lo que ha definido como "una vuelta de tuerca en la línea ultraconservadora del modelo republicano americano". Así, ha recordado que desde algunos foros se habla de delimitar lo que se entiende por derechos desde el convencimiento de que se quiere dejar de considerar a la Educación y Salud como derechos para devolver estas materias a la condición de privilegio "como en siglos pasados".