La Junta desarrolla por primera vez dos tributos propios de carácter medioambiental que permitirán ingresar 72 millones de euros
VALLADOLID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla y León va a incorporar el próximo año el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado 'céntimo sanitario', una tasa que ya existe en nueve de las trece autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellanoleonés se aplicará "a los tipos máximos autorizados", es decir 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá ingresar 140 millones de euros/año que se destinarán a la financiación de la sanidad.
Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tras un Consejo de Gobierno "no ordinario" que ha aprobado una serie de medidas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, el mantenimiento de sus actuales estándares de calidad y equidad --a diferencia del objetivo de otras autonomías, según ha significado, que trabajan sólo por poder prestar estos servicios-- y su sostenibilidad en el futuro.
El presidente de la Junta ha explicado que la decisión de aplicar en Castilla y León el 'céntimo sanitario' --tasa que ya aplica el Gobierno en todo el Estado-- responde a la necesidad de obtener nuevos ingresos que compensen la caída de la recaudación por las figuras impositivas tradicionales y la "insuficiencia" de los recursos procedentes del sistema de financiación, donde ha reclamado una "revisión profunda".
Tras reconocer que la aplicación del 'céntimo sanitario' supondrá un encarecimiento de la gasolina, que pasará de una media de 1,31 euros/litro a 1,36, Herrera ha anunciado que, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas, quedarán exentos de esta nueva tasa el gasóleo de uso especial que utilizan los agricultores y los ganaderos para su actividad y el gasóleo de calefacción.
Ha anunciado también la recaudación en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional "no va a renunciar en estas circunstancias", según sus palabras, ya que permitirá ingresar 39 millones de euros, una cantidad "importante" que se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el objetivo de que las rentas más altas ayuden a las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión social. En este caso, ha aclarado que las personas con discapacidad quedarán exentas.
