Ciudadanos reclama evitar el intrusismo laboral en las profesiones sanitarias y defender la asistencia sanitaria privada

El portavoz del comité de refundación de Ciudadanos, miembro del comité ejecutivo de la formación y diputado nacional por Málaga, Guillermo Díaz, en rueda de prensa
El portavoz del comité de refundación de Ciudadanos, miembro del comité ejecutivo de la formación y diputado nacional por Málaga, Guillermo Díaz, en rueda de prensa - CIUDADANOS
Publicado: jueves, 11 agosto 2022 13:38


MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) ha registrado dos Proposiciones No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, que buscan evitar el intrusismo laboral en las profesiones sanitarias y defender la asistencia sanitaria privada.

En concreto, la primera de las PNL insta al Gobierno a realizar un estudio "urgente" sobre el afloramiento de publicidades engañosas en el ámbito sanitario y sobre el "impacto" del intrusismo laboral en la actividad profesional de los trabajadores autónomos del sector sanitario.

Igualmente, exigen aclarar los límites de los ámbitos de intervención de profesionales sanitarios en relación con otras profesiones no sanitarias, de forma que "se ofrezca una mayor claridad tanto a profesionales como a la ciudadanía sobre las diferentes prácticas permitidas en cada uno de esos ámbitos".

También piden asegurar el cumplimiento de la normativa que castiga el intrusismo laboral, y reforzar asimismo las labores de supervisión e inspección para detectar este tipo de prácticas, incluyendo además una "adecuada sanción para evitar que sigan produciéndose".

Otro de los puntos que defienden es reforzar, en colaboración con las CCAA con los profesionales sanitarios y con los actores de la sanidad privada, las campañas de sensibilización para concienciar a la población sobre el peligro que tiene este tipo de intrusismo laboral, especialmente el derivado de la publicidad engañosa, para su salud y su bienestar.

Por último, la formación liderada por Inés Arrimadas solicita facilitar la identificación "veraz y concreta" de profesionales que ofrecen este tipo de servicios, especialmente los que se realizan de forma telemática, para "asegurar la seguridad y confidencialidad de los medios utilizados, las cualificaciones profesionales del que las imparte, los elementos de responsabilidad civil del mismo, y las posibilidades de queja y reclamación para el usuario".

En cuanto a la PNL para la defensa y mejora de la asistencia sanitaria privada y su contribución a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), reclaman evitar actuaciones y mensajes por parte de miembros del Consejo de Ministros que "tienen como objetivo criminalizar la atención sanitaria privada, pese al papel que ésta desempeña a la hora de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en concreto en relación con el Objetivo 3 referente a la salud y bienestar de la ciudadanía".

Igualmente, optan por recuperar el papel de intermediario para facilitar la creación de una Comisión Mixta, como la que ya existe en otros ámbitos similares, de forma que "se favorezca un diálogo entre todas las partes interesadas del sector público, de las aseguradoras privadas y de los profesionales sanitarios para la actualización de baremos de referencia para remuneración de los profesionales sanitarios de la sanidad privada".

En este mismo sentido iría la propuesta de Ciudadanos de reforzar los trabajos para "una mejor colaboración entre el sector público y el sector privado, de forma que se maximicen las sinergias entre ambos sectores con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el bienestar de la ciudadanía".

Cs exige facilitar la participación de los representantes de la sanidad privada en el Observatorio de Salud adscrito al Ministerio de Sanidad, permitiendo "un mayor intercambio de información y buenas prácticas sobre calidad asistencial e indicadores sobre evaluación de la asistencia sanitaria".

En última instancia, instan al Ejecutivo a trabajar, con las CCAA, las aseguradoras privadas y los profesionales sanitarios autónomos, para "la mejora de las condiciones de contratos y la seguridad jurídica de los mismos, con el objetivo de que la sanidad privada pueda seguir desempeñando ese papel crucial en la atención sanitaria de calidad a la población".